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El Banco Comercial Portugués amplía la oferta sobre el grupo del financiero António Champalimaud

XAVIER VIDAL-FOLCH Bruselas

El Banco Comercial Portugués (BCP), controlado por el financiero Jorge Jardim, anunció ayer la ampliación de su oferta de compra de la aseguradora Mundial Confiança a los bancos Pinto & Sottomayor y el Crédito Predial Portugués, con la obligación de comprar las participaciones menores del 6% a los accionistas minoritarios.

Mundial Confiança, controlado por António Champalimaud, posee el 53% del Pinto & Sottomayor, que a su vez detenta el 94,4% del Totta & Açores y el 58% del Crédito Predial. Asimismo, Champalimaud controla el 84,12% del Chemical. El grupo Champalimaud calificó de "hostil" la nueva OPA.

Este paso dado por Jardim (exsocio del BSCH) es uno más contra la alianza BSCH-Champalimaud, a la que se opone el Gobierno portugués. Esa oposición se ha plasmado en varias actuaciones del Instituto de Seguros y del Banco de Postugal, que han limitado al 10% los derechos de voto de los dos socios en las entidades que controlan. La Comisión Europea lo ha rechazado y hoy suspenderá la decisión del Gobierno portugués. Además, formalizará el inicio de dos procedimientos de infracción contra Lisboa. "El primer paso para un diálogo constructivo es que acepte la decisión" y la aplique, advirtió ayer el comisario de la Competencia, Karel Van Miert. En caso contrario, Bruselas acudirá al Tribunal de Justicia para pedir que dicte "medidas cautelares" y le obligue a ceder. Lisboa pordía optar por acatar la suspensión, pero al tiempo recurrir la decisión ante e Tribunal.

La única incógnita es si el comisario portugués, Joao Pinheiro, acudirá al artículo 4 del Reglamento interno, que permite a cualquiera de los miembros del Colegio aplazar durante una semana una decisión. Pinheiro puede hacerlo, pero sería muy mal visto, porque ya la próxima Comisión de Romano Prodi ha acordado que el uso de ese artículo -una estratagema para salvar el honor patrio de los comisarios que deben votar una decisión contraria al Gobierno de su país- sea restringido, de forma que sólo podrá usar si el presidente del colegio le da su visto bueno.

La suspensión pretende salvaguardar los "efectos útiles" de la decisión sobre la cuestión de fondo que la Comisión debe adoptar el 3 de agosto, cuando dictaminará si el intercambio de acciones crea o no una situación de dominio en el mercado contra la competencia. Claro está que si el veto luso no se ha aclarado para entonces, persistirán los obstáculos a la aplicación de la decisión que deba tomar el ejecutivo comunitario. De ahí la decisión de suspender el veto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de julio de 1999