Prisiones en riesgo

LAS PROTESTAS de los funcionarios de prisiones en reclamación de mejoras laborales, salariales y de aumento de plantilla han coincidido con la publicación de un severo informe sobre la situación de las cárceles elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). Ambas cuestiones tienen una relación evidente, pues parece lógico que un razonable bienestar de los funcionarios y una plantilla adecuada de los mismos redunde en el bienestar general de las prisiones, y muy especialmente de los internos. Pero las prisiones españolas no sólo han sido noticia últimamente por las protestas de los funcionarios. Lo han sido sobre todo por la advertencia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho al Congreso y al Gobierno sobre la situación "insostenible" que puede darse en ellas a causa del aumento del número de presos por la aplicación del Código Penal de 1995. En apenas tres años, España ha pasado a acupar uno de los puestos de cabeza en Europa: más de 45.000 presos en 1998, es decir, 113 por cada 100.000 habitantes. El aumento del tiempo efectivo de condena y la supresión de la redención de penas por el trabajo han llevado a que las cárceles se llenen como nunca y que, como advierte el CGPJ, puedan seguir llenándose.Es legítimo defender un modelo penal y penitenciario que abogue por condenas más largas. El Gobierno optó claramente por ese modelo cuando se hallaba en la oposición con su campaña a favor del cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo, o cuando encabezó la protesta contra los permisos penitenciarios. Luego no ha sido consecuente con su opción penitenciaria. Más presos significan más cárceles, más funcionarios, más servicios, y en definitiva, más inversión en infraestructuras y en personal. Si esa inversión no llega, o llega con retraso, la situación en las cárceles se puede hacer "insostenible", como advierte el CGPJ.

El informe de la APDH describe un panorama nada tranquilizador en un número importante de cárceles: hacinamiento, deficiente atención sanitaria, incremento de denuncias por malos tratos, desmotivación de los presos por la supresión de la redención de penas por el trabajo y, sobre todo, abandono del principio básico del actual sistema penitenciario: el tratamiento individualizado con vistas a la resinserción social del recluso.

Algunas de estas carencias vienen de lejos y son anteriores al actual Gobierno. Pero ahora siguen agravándose. El principio una celda, un preso, con el que se pretendió acabar con el hacinamiento y facilitar la reinserción social, sigue cada vez más lejos de cumplirse. No es una situación "modélica", como la ha calificado el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para contrarrestar el informe de la APDH. Este informe, como la advertencia del CGPJ, deberían ser tomados por el Gobierno como lo que son: un serio toque de atención sobre el presente de las prisiones, pero, sobre todo, un aviso para el futuro.