Bruselas actuará contra Glaxo por su política de doble precio

La Comisión Europea decidió ayer abrir expediente a la multinacional farmacéutica Glaxo Wellcome por utilizar un sistema de doble precio en el mercado español. El Ejecutivo comunitario adoptó esta decisión al considerar que este sistema de venta, que impone un precio a los productos que vende en España y otro más elevado para los destinados a la exportación, es contrario a las normas comunitarias de libre competencia. La Comisión Europea prevé "en la etapa actual del procedimiento" la prohibición de dichas prácticas de venta de doble precio "mediante una decisión formal contra Glaxo Wellcome".El comunicado de la Comisión Europea señala que la empresa intenta con estas prácticas "proteger fundamentalmente el mercado británico, donde los precios son más elevados que en el resto de la Unión Europea y una legislación favorable incentiva las importaciones paralelas".

El procedimiento que ahora inicia la Comisión Europea tiene sus antecedentes en España, donde ya el Tribunal de Defensa de la Competencia, en octubre de 1998, había adoptado medidas cautelares contra el sistema de doble precio de esta empresa.

Denuncias de distribuidoras

El tribunal español, dos meses más tarde de las medidas cautelares, dejó sin efecto el sistema de doble precio, tras estudiar y tramitar la denuncia que unos meses antes habían presentado las asociaciones españolas de distribuidores farmacéuticos Aseprofar y Asecofarma. Estos distribuidores presentaron denuncia ante las autoridades de la competencia españolas y de Bruselas.En octubre de 1998, el consejero delegado de Glaxo Wellcome en España, Carlos Galdón, aseguraba que la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia era "solamente una medida cautelar, que no prejuzga la resolución final sobre el asunto". Dos meses después el tribunal dejó sin efecto el sistema de doble precio y ahora la Comisión Europea abre expediente.

Fuentes de la empresa en España señalaron ayer que ésta dejará en manos de sus abogados la respuesta al expediente y que cuenta con un plazo de cuatro meses para pronunciarse sobre ello. La compañía considera que el expediente abierto "aún no es una decisión en firme".

El principal argumento de la empresa farmacéutica es que el precio español de los productos, impuesto por las autoridades, es muy bajo y que corresponde a la propia sociedad fijar libremente el precio de sus productos destinados a otros mercados que no sean el español.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "según la cual la existencia de una reglamentación nacional de precios no es susceptible de justificar un obstáculo a las normas de competencia y en particular al comercio paralelo dentro de la Unión Europea".