La inspección del Poder Judicial propone expulsar a la juez decana de Marbella

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer a su Comisión Disciplinaria la expulsión de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, a causa de los cinco expedientes por falta muy grave cuya apertura solicita, así como que sea suspendida cautelarmente de sus funciones. La inspección asume una segunda ampliación de la denuncia formulada contra la magistrada por el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en la que aporta nuevos datos sobre las actividades de la juez Ramírez, su marido, su hermano y su padre.

Los inspectores del Consejo que estuvieron en Marbella investigando la denuncia del fiscal anticorrupción sobre la presunta vinculación de la familia de la juez Ramírez y el alcalde de la localidad, Jesús Gil, con varios miembros del clan mafioso Santapaola, han elevado un informe a la Comisión Disciplinaria en el que entienden que existen irregularidades en la actuación de la juez como para abrir cinco expedientes por falta muy grave. En caso de que estos expedientes terminen en sanción, conllevarían la expulsión de la magistrada de la judicatura. Mientras tanto, los inspectores proponen que se la suspenda cautelarmente en sus funciones y se ordene su traslado forzoso. Varios de los expedientes se refieren a que la juez Ramírez no se abstuvo de intervenir, como era obligado, en casos relacionados con Gil o sociedades vinculadas a los mafiosos italianos que estaban representados jurídicamente por familiares de la magistrada.También se considera grave la intromisión de la juez en las tareas del titular del juzgado número 7 de Marbella, Santiago Torres, instructor del caso Atlético en el que Gil está imputado y con una petición de pena que supera los 30 años de prisión. Ramírez, al resolver una queja de Gil contra Torres, decretó que el magistrado había vulnerado las normas de reparto.

Datos falsificados

El informe propone también la reapertura de un expediente anterior contra Ramírez, que fue archivado, por entender que su sobreseimiento fue acordado en función de datos falsificados. El archivo declaraba que la juez estaba legitimada para ejercer en Marbella, aunque también lo hicieran sus familiares como abogados, debido a que la localidad tenía un censo superior a 100.000 habitantes, una cifra que el Instituto Nacional de Estadística ha demostrado que es falsa. El informe de la inspección, en cambio, no ve irregularidades en la actuación del juez Torres.Para hacer sus propuestas a la Comisión Disciplinaria, la Inspección del CGPJ ha tenido en cuenta la segunda ampliación realizada por la fiscalía Anticorrupción el miércoles, encaminada a demostrar que la juez Ramírez vulneró el precepto legal que impide a los magistrados ejercer en poblaciones, como Marbella, de menos de 100.000 habitantes, en las que ellos mismos, su cónyuge o parientes de segundo grado posean "intereses económicos" o "tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional". Como nuevos hechos aportados por Carlos Jiménez Villarejo y comprobados por la Inspección del CGPJ figuran datos que afectan a la actividad económica de la magistrada, su marido, su hermano y su padre.

La magistrada Ramírez invirtió en 1995 un total de 15 millones de pesetas en letras del Tesoro, que en 1996 reinvirtió en fondos de inversión en los que suscribió, además, cinco millones de pesetas, que no pueden proceder del mismo origen. En 1997, la juez Ramírez abonó a la sociedad Bailón Ramírez, SL, más de 34 millones, según declaró a Hacienda tal empresa, con domicilio en Marbella.

El esposo de la magistrada, Nicolás Navarro Abadía, farmacéutico, dado de alta por cuenta propia en Marbella y dedicado a realizar análisis clínicos, declaró a Hacienda entre 1993 y 1997 ingresos anuales de entre 15 y 22 millones de pesetas.

Aunque en el expediente que se le abrió a la juez en 1996 declaró que su padre no tenía actividad económica y vivía de su pensión y de un alquiler de 4.000 pesetas, tales ingresos no son compatibles con el pago hecho en 1997 por Juan Ramírez de más de 30 millones de pesetas a la empresa Bailón, según declaró ésta a Hacienda.

La fiscalía aportó también el dato de que el hermano de la juez, Juan Carlos Ramírez Balboteo, recibió 122 millones de la Clínica Oncológica Aramburu, SL, sin que se haya acreditado la razón por la que se pagó tal importe, declarado a Hacienda por dicha entidad.