La división en el Constitucional retrasa al lunes el debate sobre la sentencia de HB

La falta de acuerdo entre los magistrados del Tribunal Constitucional obligó ayer de nuevo a aplazar hasta el próximo lunes las deliberaciones sobre la sentencia de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Tras las reuniones mantenidas el lunes y martes, en sesiones de mañana y tarde, las posiciones seguían tan alejadas como el primer día, según fuentes del tribunal, lo que habría determinado el nuevo aplazamiento en busca de un texto que pueda ser asumido por todos. Los magistrados están preocupados por la imagen de desunión que ofrecen en este asunto.

La división de los magistrados del Tribunal Constitucional sigue vigente a pesar de las muchas horas de deliberaciones y dos ponencias sobre el mismo tema. Siete de los magistrados mantienen una postura favorable a conceder el amparo por falta de pruebas a los 23 dirigentes de la Mesa Nacional de HB, condenados a siete años de cárcel por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por prestar a la banda terrorista ETA sus espacios electorales. De aprobarse esta propuesta, los dirigentes de la coalición independentista serían inmediatamente excarcelados. La medida afectaría a 22 de ellos, que son los que permanecen en prisión, ya que Jon Idígoras fue puesto en libertad por motivos de salud.

Estos magistrados son partidarios de la ponencia elaborada por el vicepresidente del alto tribunal, Carles Viver Pi-Sunyer, según la cual, el Supremo, al condenar a los dirigentes abertzales vulneró su presunción de inocencia, pues no había pruebas suficientes contra ellos. Este sector mayoritario está integrado por el presidente, Pedro Cruz Villalón, el vicepresidente Carles Viver, y los magistrados María Emilia Casas, Pablo García Manzano, Pablo Cachón, Tomás Vives y Julio González Campos. Su postura provocó el rechazo el pasado 27 de mayo de la ponencia preparada por el magistrado Manuel Jiménez de Parga, que defendía la confirmación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Los cinco magistrados restantes, el propio Jiménez de Parga, Rafael de Mendizábal, Fernando Garrido Falla, Vicente Conde y Guillermo Jiménez votaron a favor de la ponencia del primero, por entender que el Tribunal Supremo había respetado todas las garantías constitucionales.

Sin votación

Tras el fracaso del texto propuesto por Jiménez de Parga, la ponencia pasó a Viver, pero su texto, tras dos días de deliberación en sesiones maratorianas, ni siquiera llegó a ser votado, ante la evidencia de que nada había cambiado. Los magistrados siguen siete frente a cinco. El Tribunal Constitucional se ha percatado de la imagen de desunión que ofrece y se ha dado un nuevo plazo para buscar soluciones. Mientras tanto, seguirán debatiendo otras cuestiones, pero sin relación con la sentencia de Herri Batasuna.

La filtración de la ponencia de Viver supuso un problema adicional. Algunos magistrados del Tribunal Supremo consideraron que el Constitucional invadiría sus competencias si en su fallo entraba a valorar si había o no pruebas suficientes para la condena, ya que, de hecho, eso es lo que supone decidir si se desvirtuó o no la presunción de inocencia de los dirigentes de Herri Batasuna.

Mientras tanto, algunas asociaciones judiciales han llamado la atención sobre el problema. Lorenzo Pérez San Francisco, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria explicó a Servimedia que existe una sentencia anterior dictada por el Constitucional que anuló otra de la Audiencia de Barcelona porque consideraba que no había pruebas suficientes para condenar.

En su opinión, el Tribunal Constitucional se debe ocupar de las garantías constitucionales, mientras que la valoración de la prueba y de los hechos corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria.

"No sabemos si en este caso de HB el Tribunal Constitucional va a hacer algo parecido. Si lo hace", precisó, "nos parecería muy mal porque creeríamos que está invadiendo cuestiones de la jurisdicción ordinaria".

Ricardo Bodas, de Jueces para la Democracia, por el contrario, criticó que desde sectores del Supremo se esté creando cierto clima, antes de conocer la sentencia, de que se está invadiendo su competencia. No obstante dijo que si la sentencia no se dicta en clave constitucional, este tribunal se constituiría en una nueva instancia y dejaría de jugar su papel.

José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, confió en que el Constitucional respete los límites de su competencia.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, no quiso opinar sobre la sentencia, pero aseguró que, históricamente, está claro que resoluciones judiciales como el encarcelamiento de la Mesa de Herri Batasuna o el cierre del diario Egin han sido determinantes en la lucha contra el terrorismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0013, 13 de julio de 1999.

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