El ministro de Trabajo rechaza "que los rumanos sigan en la calle"

Madrid - 13 jul 1999 - 00:00CEST

Las instituciones madrileñas y estatales intentarán encontrar hoy una solución para las familias gitanas rumanas expulsadas por el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno el miércoles del poblado de Malmea (Fuencarral), en el que llevaban casi un año. Estos inmigrantes están alojados ahora en cuatro grandes tiendas de campaña junto a la carretera de Burgos (N-I). A la reunión que se celebra hoy por la mañana en la Delegación del Gobierno para abordar el problema asistirán representantes del Ayuntamiento y la Comunidad así como de los ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, y Asuntos Exteriores.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, calificó ayer la situación de "sangrante" y aseguró que su departamento está buscando alternativas para estos inmigrantes. "No tiene sentido que este colectivo permanezca en la calle", declaró a Efe.

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La nueva consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Pilar Martínez, ofreció "de manera incondicional y absoluta todos los recursos materiales y humanos para garantizar el bienestar de estas familias", según Servimedia. "Esta ayuda será para el alojamiento en albergues, residencias y viviendas prefabricadas, pero no en pisos del Ivima", añadió. Cruz Roja y la Comisión Católica de Emigración serán las encargadas de gestionar los alojamientos y prestar apoyo social.

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Mutismo municipal

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El Ayuntamiento de Madrid mantuvo, por su parte, un mutismo absoluto durante todo el día sobre sus planes para los inmigrantes rumanos, mientras que arreciaron las críticas desde los grupos de la oposición. Fernando Morán, portavoz del PSOE-Progresistas, ofreció el apoyo de su grupo en la demanda planteda por 10 familias rumanas en representación de todo el colectivo. Matilde Fernández, portavoz adjunta, propugnó que, dado el tiempo que llevan en España, se "regularice" al colectivo. Desde IU, Marisa Castro calificó de "tardía e inadecuada" la decisión municipal de albergar a estas familias en tiendas de campaña. "No deja de ser una opción tercermundista impropia de un país desarrollado", asegura. IU propone albergarles en el pabellón municipal de Mayorales de la Casa de Campo, que se abre sólo durante los meses de frío. "Si está operativo en invierno, también lo puede estar en verano", apostilla Castro.

La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, considera que hay que hacer un estudio de la situación de cada familia y abordar también la situación de revistas de calle como La Farola o La Calle, que constituyen el principal medio de vida de los rumanos de Malmea. Estas publicaciones nacieron con una presunta finalidad social de ofrecer un medio de subsistencia y un mecanismo de apoyo social a personas sin hogar y sin trabajo, pero existen querellas de ex trabajadores y ex vendedores que ponen en tela de juicio su finalidad.

La presidenta del PSOE-Progresistas en la Asamblea, Cristina Almeida, considera que la Comunidad "debería acondicionar como solución de urgencia algún colegio público para estas familias, aprovechando que ahora, en verano, están vacíos, para trabajar durante estos meses en su integración", según informa Efe. "Eso pasaría por regularizar la situación de estos inmigrantes para que así tuviesen posibilidades de conseguir trabajo y avales con que adquirir una vivienda", añade.

La ONG Mensajeros de la Paz, que el pasado viernes ofreció pagar 30 habitaciones en un hotel de cuatro estrellas para evitar que las familias rumanas durmieran en el parque Norte, ha puesto a disposición de las instituciones cuatro residencias suyas para alojar a estos inmigrantes. Se encuentran en Navahermosa (Toledo), Astorga (León), Serantes (Asturias) y Béjar (Salamanca).