La edil Tardón responde a la oposición: "Los asentamientos ilegales no caben en Madrid"

Las concejal de Seguridad de Madrid, la juez en excedencia María Tardón, se estrenó ayer en el cargo contestando al aluvión de críticas desatadas por la intervención municipal y policial que acabó con el abandono de un centenar de familias rumanas del poblado de Malmea (Fuencarral). María Tardón negó que se hubiese tratado de una expulsión; afirmó que las familias afectadas ya sabían de antemano que tenían que marcharse "antes de que se les aplicase la Ley de Extranjería", y concluyó : "Los asentamientos ilegales no caben en una ciudad como Madrid".

La cuarta teniente de alcalde salió a la palestra el mismo día en que el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del Partido Popular, la presentaba en un acto oficial ante la Policía Municipal. Fue la única voz del Ayuntamiento que dio explicaciones sobre lo ocurrido (la nueva concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, se mantuvo en silencio). Y sólo lo hizo a la salida del acto y a instancias de los informadores. Posteriormente no quisó ampliar o matizar sus palabras. Desde un principio la concejal de Seguridad negó que se hubiese procedido a una expulsión o desalojo en el poblado de Malmea. "El Ayuntamiento carece de competencias para una acción de ese tipo y, además, no había decretada ninguna orden", señaló la edil. Tardón, que calificó el desalojo de "operación de emergencia", explicó que su origen radicó tanto en la detección de una serie de problemas de salubridad, provocados por la suciedad y abandono del asentamiento, como por las quejas de los vecinos de la zona. En esta línea, la concejal de Seguridad argumentó que la presencia de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (antidisturbios y agentes a caballo) se debió a que la operación municipal contó con la colaboración de la Delegación del Gobierno, una colaboración centrada en la "retirada de los coches ilegales" aparcados en el poblado.

La posible intimidación que supone la llegada masiva de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a un poblado donde la mayoría de los ciudadanos carece de permiso de residencia y cuyo único bien tangible es el vehículo, tampoco fue considerado por Tardón motivo del abandono del poblado.

"No hubo coacción"

"Las familias rumanas que estaban allí se marcharon voluntariamente. No hubo coacción, sino que ya sabían que tenían que irse. Se había acordado con ellos que, antes de aplicar la Ley de Extranjería, lo hicieran cuando acabase el curso escolar", explicó Tardón. La concejal de Seguridad pasó luego a explicar sus ideas sobre los asentamientos ilegales. "No caben en una ciudad como Madrid. No podemos permitir que por razón del desarraigo haya asentamientos ilegales que provocan problemas o, como en Malmea, sean fuente de todo tipo de conflictos y de problemas de salubridad".

María Tardón, al igual que el ministro del Interior, desvinculó la actuación policial de la muerte del niño rumano de 5años atropellado en un área de descanso de la carretera de Burgos tras el desalojo. "No tiene nada que ver con la actuación administrativa. Es una desgracia personal que afecta a personas en situación tremenda. Nos hemos ofrecido a ayudarles y a asistirles", dijo la concejal de Policía Municipal

El anuncio de que las familias rumanas desalojadas se estaban alojando junto al hospital de La Paz fue recibido con distancia por María Tardón. "Su expulsión, si procede, sólo compete a la Delegación del Gobierno de Madrid", señaló a la agencia Efe.