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LA EXPULSIÓN DE LOS RUMANOS DE MALMEA

IU y NI piden que el ministro del Interior explique en el Congreso el desalojo, y el PSOE lo tilda de "vergonzoso"

Izquierda Unida y Nueva Izquierda solicitaron ayer la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para que explique la actuación policial del jueves en el poblado rumano de Malmea. Mayor Oreja ha solicitado un informe sobre los hechos a la Delegación del Gobierno en Madrid. La diputada y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, considera que "no se puede realizar una operación de este tipo sin una intervención social previa, porque no se trata de un simple problema de inmigración ilegal con un componente policial, sino de un tema social más complejo", según informa la agencia Efe.

La concejal del mismo grupo, Marisa Castro, señaló que esta expulsión responde "a una obsesión macropolítica" del PP, destinada, según ella, "a desalojar de inmigrantes una zona que constituye un enclave importante para el desarrollo de la operación urbanística de prolongación de la Castellana".

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El portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sanz, calificó lo ocurrido de "nefasto" y consideró que, desde el Parlamento regional, "hay que poner coto a este tipo de actuaciones, que dejan indefensos a colectivos que hay que integrar".

Por su parte, Diego López Garrido, diputado por Madrid de Nueva Izquierda, tachó la operación de "limpieza étnica". "Si el objetivo de la presencia policial era higienizar un campamento insalubre, ¿por qué no se habilitó un alojamiento alternativo?", se planteó. "Los trabajadores sociales llevan varios años solicitando la creación de un centro de acogida temporal en el municipio para colectivos como el afectado por el desalojo de Malmea", concluyó.

Para la máxima responsable de movimientos sociales del PSOE, Carmen Cerdeira, la expulsión "no soluciona el problema, sino que lo traslada a otros puntos de España". "Una vez más se pone de manifiesto que el Gobierno carece de una política de inmigración y la confunde con el orden público", añadió.

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La concejal responsable de servicios sociales del grupo municipal PSOE-Progresistas, Noelia Martínez, la califica de "sorprendente, lamentable y vergonzosa" . "No es de recibo meter a los antidisturbios a primera hora de la mañana a desmantelar este poblado y pretender que nos creamos que lo que querían era limpiarlo; a limpiar van los operarios de Medio Ambiente, no la policía", matiza. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Jaime Lissavetzky, señaló: "La operación policial de Malmea es un ejemplo más de la política de dejar pudrirse las cosas que sigue el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y de su falta de sensibilidad". Un gobierno municipal gobernado por una coalición de IU y PSOE en Rivas-Vaciamadrid pagó hace un año 12.000 pesetas a cada uno de los 157 gitanos rumanos que vivían en un poblado chabolista de la localidad para que dejaran el municipio. La medida se justificó porque la tensión entre vecinos e inmigrantes era "insostenible".

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