Un mal día para Piqué

No ha sido ésta la mejor semana del ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué. Para empezar, un escrito de Presidencia remitido al Congreso le ha dejado como mentiroso en el espinoso asunto de sus relaciones con la empresa que presidió antes de entrar en el Gobierno. Y ayer, la Comisión Europea le enmendó la plana en la cuestión de las ayudas a las eléctricas: Bruselas entiende que el billón largo de pesetas concedido al sector eléctrico en concepto de costes de transición a la competencia tiene la consideración de ayudas de Estado. Dicho en otros términos, el Gobierno español no las puede adjudicar sin someterlas, caso por caso, al dictamen de la Comisión. En el caso Ercros, el ministro declaró ante la subcomisión parlamentaria de investigación que nunca había participado en sesiones de la Comisión Delegada que hubieran tratado asuntos relacionados con Ercros. Presidencia le desmiente al certificar que en julio de 1997 estuvo presente en la reunión que estudió la modificación de los acuerdos entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y Fesa, filial de Ercros. Que un ministro mienta al Congreso es altamente censurable; que lo haga ante una subcomisión investigadora es aún peor; pero que el protagonista tenga la condición de portavoz del Gobierno lo convierte en intolerable.

Será digno de verse cuál es la palabra que prefiere defender el Gobierno: si la de su ministro portavoz o la del escrito oficial remitido por Presidencia al Congreso en respuesta a la pregunta de un diputado socialista. La oposición ya ha anunciado que solicitará hoy al Gobierno la apertura de un expediente al ministro de Industria por vulnerar la Ley de Incompatibilidades.

La otra mala noticia llegada desde Bruselas tiene que ver con una materia en la que Piqué, con el apoyo decidido del vicepresidente Rato, empeñó algo más que su palabra: acusó de sectarismo -socialista, se entiende- al entonces presidente de la Comisión Eléctrica, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por defender un punto de vista asumido ahora casi íntegramente por Bruselas. En contra de lo que el ministro sostuvo con tanto ardor, las ayudas por importe de 1,3 billones que el Gobierno introdujo por la puerta trasera del Senado en el debate de Presupuestos no pueden ser consideradas como indemnización por la liberalización del sector, sino ayudas de carácter público, que serán estudiadas a la luz de las leyes que protegen la competencia. La decisión europea afecta no sólo a España, sino a otros cinco países de la UE que se encuentran en procesos similares: Austria, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Holanda. Pero nadie se empeñó tanto como el ministro Piqué.

Esta decisión es un fracaso político incuestionable del titular de Industria, por más que ahora pretenda infravalorar las consecuencias. Hace menos de un mes, los funcionarios de su ministerio defendían todavía ante la Comisión Europea que las compensaciones españolas eran una indemnización inexcusable a agentes privados. El equipo de Piqué, quizá presionado por el poderoso lobby eléctrico, no ha sabido negociar la transición de un mercado eléctrico intervenido a otro más liberalizado. Su empecinamiento en tratar las ayudas como si fueran un premio por una liberalización más avanzada del mercado español sobre el resto de Europa -argumento discutible, puesto que la liberalización del mercado español es hoy inferior a la media comunitaria- se ha demostrado equivocada y es probable que costosa.

La primera consecuencia es que las empresas tendrán que reducir sus previsiones de ingresos y revisar sus estrategias de endeudamiento y de inversión; eso, sin contar la evaluación que las Bolsas puedan hacer de los nuevos riesgos económicos que se derivan de la decisión comunitaria. Pero son todavía más inquietantes las consecuencias potenciales de una negociación; las exigencias comunitarias en el expediente para examinar las condiciones de ayuda a las empresas y su grado de competencia pueden implicar, por ejemplo, la venta de activos de las empresas para mantener el grado de competencia del mercado.

Es hora ya de que el Gobierno y su ministro de Industria rectifiquen y reconozcan su terca equivocación. Para empezar, debería suprimirse a la mayor brevedad posible el 4,5% de la tarifa destinado a pagar las ayudas; tal recargo, mientras no sea autorizado por la Comisión, es ilegal. También debería ir pensando en modificar su Ley Eléctrica, torpemente elaborada, como si no existiera la Directiva Eléctrica Europea, y en cambiar su estrategia de negociación con Bruselas. Pero la ligereza con la que el ministro ha pretendido despachar la corrección de Bruselas sólo es parangonable con su silencio ante el mentís de su propio Gobierno en el asunto Ercros.