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Buteflika limita a 2.300 el número de islamistas indultados en Argelia

Juan Carlos Sanz

Abdelaziz Buteflika se ha visto obligado a detener el ritmo de sus reformas pacificadoras. El presidente argelino ha limitado a 2.300 el número de presos islamistas indultados en un primer momento y ha confirmado que no levantará por ahora el estado de excepción impuesto en el país magrebí hace siete años. En declaraciones efectuadas a emisoras de radio francesas, Buteflika precisó también que la liberación de los líderes históricos del Frente Islámico de Salvación (FID), Abasi Madani y Alí Benhadj, no se producirá en tanto no acepten "los principios de la Constitución y la República".

Ni 15.000, ni 5.000 como barajaba la prensa argelina. Desde el pasado lunes, coincidiendo con el 37º aniversario de la independencia argelina, hasta mañana, sólo saldrán a la calle unos 2.300 presos islamistas "sin delitos de sangre". Esto es, que no hayan sido acusados de participar en matanzas, violaciones o atentados con bomba. La Liga Argelina de los Derechos Humanos evalúa en 20.000 el número de detenidos políticos. En realidad, la mayor parte de los excarcelados son presos preventivos, que ni siquiera han sido procesados, a los que se les imputa su pertenencia a redes de información y apoyo logístico del Ejército Islámico de Salvación (AIS), el brazo armado del FIS. Esta guerrilla, que acató un alto el fuego en septiembre de 1997, anunció hace apenas un mes su definitivo adiós a las armas.

En declaraciones a Radio France Internationale, el presidente argelino dio a entender que Alí Benhadj se niega a aceptar sus propuestas para la reconciliación nacional, al contrario que Abasi Madani, quien ya hizo público su apoyo al plan de pacificación en una carta difundida el mes pasado. Buteflika, sin embargo, dejó claro que el FIS no será legalizado, al tratarse de un partido que se encuentra "fuera de la ley por decisión de la justicia desde 1992". El presidente se refirió así a la reforma de la Constitución aprobada por referéndum en noviembre de 1966, que prohíbe los partidos de base religiosa.

Ante las supuestas presiones del Ejército para que frene el ritmo de sus reformas, Buteflika se limitó a precisar que, como presidente de la República, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que además controla directamente la cartera de Defensa. "Mientras cuente con la legitimidad popular y el aval del Ejército, haré lo que tenga que hacer", aseguró. En esta misma línea, reiteró que convocará un referéndum para ratificar la Ley de Concordia Nacional que anoche aprobó por gran mayoría el Parlamento.

Precisamente ante la sede de la Asamblea Popular Nacional (Cámara baja del Parlamento), se concentraron al mediodía de ayer dos centenares de familiares de víctimas del terrorismo para protestar contra una ley que, según denuncian, no cubre las necesidades económicas de los miles de viudas y huérfanos que han dejado los ataques de las guerrillas integristas.

La policía les cerró el paso ante la sede parlamentaria con un gran despliegue de efectivos. "Mi hijo tenía 30 años y era teniente del Ejército, le mataron en 1996 en una emboscada a las afueras de Argel", se quejaba una mujer enlutada, "y ahora amnistían a los asesinos, a los criminales, en contra de lo que dice la ley".

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Entre forcejeos y protestas ante el cordón policial, un hombre mostraba los documentos oficiales que le reconocían una asignación mensual de 8.000 dinares (unas 20.000 pesetas) por el asesinato de su hija de 17 años en la matanza de Bentalha (en las inmediaciones de Argel) en la que perdieron la vida más de 200 personas en 1997. Aún no ha recibido ninguna ayuda del Gobierno.

A la concentración de asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo se sumó también el llamado Comité Nacional contra el Olvido y la Traición, que acusa a las autoridades de haber ocultado deliberadamente el número de víctimas durante los siete años de conflicto en Argelia: "Nos dijeron que no eran más de 25.000, pero ahora la cifra oficial se eleva a 100.000".

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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