Las incoherencias del nuevo padrón de habitantes

Y J. LEGUINAHace años que el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene preparando la puesta en funcionamiento del padrón continuo. El padrón de habitantes es un registro de población cuyo mantenimiento está encomendado a los municipios españoles, y hasta ahora era renovado bajo la supervisión del INE cada vez que se realiza el censo (en los años cuya cifra termina en 1 y también en los años cuya cifra final es el 6). La última de estas renovaciones quinquenales tuvo lugar en mayo de 1996, y de ahí en adelante, la actualización del padrón se basa exclusivamente en un sistema de altas (nacimientos e inmigrantes) y bajas (muertes y emigrantes) que, supervisadas por el INE, dan lugar al padrón continuo. El nuevo enfoque es loable y representa un avance en el sistema de estadísticas demográficas. Empero, su implantación no carece de dificultades, y no es la menor el hecho de que buena parte de los ingresos municipales dependan de ese dato, es decir, del número de habitantes que tenga cada municipio. Los intereses del municipio, ligados a una mayor población, suelen chocar con la realidad demográfica, y al hacerlo ponen en tela de juicio los datos padronales.

Puestas así las cosas, el trabajo del INE no sólo resulta difícil, a menudo es amargo. En todo caso, es arduo y complejo, pues implica una gran disciplina municipal (existen más de 8.000 municipios en España) y también solventar graves problemas técnicos, pues las altas en unos municipios deben compensarse con las bajas en otros.

Pese a las dificultades brevemente descritas, el 18 de marzo pasado, el INE ofreció los primeros resultados del padrón continuo, que arrojan para el conjunto de España un crecimiento demográfico anual del 2,8 por 1.000 desde el último recuento oficial, efectuado el 1 de mayo de 1996. En el periodo anterior (1991-1996), el crecimiento había sido del 3,9 por 1.000. Los datos agregados son coherentes y confirman la tendencia hacia el declive demográfico de España, debido, fundamentalmente, a la caída de la natalidad. Empero, la coherencia global se viene abajo al comprobar los crecimientos observados en el padrón continuo (1996-1998) en las comunidades autónomas.

En efecto, la población de Cataluña, que permaneció casi estancada en el periodo 1991-1996 con un crecimiento por debajo del 1 por 1.000 anual, pasa a crecer a un ritmo del 6 por 1.000, el doble de la media española y muy alejado del crecimiento negativo que para estos años había previsto el INE. Por su parte, Andalucía, cuyo crecimiento anual en el periodo 1991-1996 fue el doble del español, sufre, según los datos recién publicados, un parón, colocándose en el 1,4 por 1.000 de crecimiento, contradiciendo también la previsión del INE, que lo había estimado en el 4,2 por 1.000. Pero no acaban ahí las sorpresas. El País Vasco, cuya población había disminuido en el periodo 1991-1996, crece ahora a un ritmo superior incluso al de Andalucía.

Puesto que se dispone del número de nacimientos y defunciones para 1996 y 1997, se pueden calcular los saldos migratorios en 1997 y compararlos con los saldos anuales del periodo anterior (1991-1996). Los datos así obtenidos resultan, simplemente, increíbles. Cataluña, que había perdido por esta vía migratoria algo más de mil habitantes por año a lo largo del quinquenio anterior, pasa a ganar en un solo año 56.438 habitantes, el 15,4 por 1.000 de su población. Algo parecido ocurre en la Comunidad de Madrid, que pasa de perder más de 8.000 al año a ganar, tan sólo en 1997, nada menos que 50.860, que representa el 16,8 por 1.000 de su población. A Andalucía le ocurre lo contrario, pues, según estos datos, multiplica por 10 las pérdidas migratorias.

Saltos tan bruscos como los aquí descritos es imposible que se den en condiciones normales, y hubiera sido prudente haber sometido esos datos a un proceso riguroso, y posiblemente largo, de validación. Las cosas se complican y, lo que es más grave, se contaminan políticamente si se tiene en cuenta la resistencia que mantuvo el Gobierno cuando hubo de aprobar el padrón de 1996. Resistencia y retraso que se tornan ahora en facilidad y rapidez para declarar oficiales unos primeros resultados, obtenidos mediante un sistema que aún se encuentra en fase experimental. Tanta precipitación deviene sospechosa y también perniciosa.

Sospechosa porque arroja resultados "favorables" para algunas comunidades autónomas cuyos Gobiernos parecen más afines al Partido Popular, y "desfavorables" para otras, como Andalucía, a la que no se le quiso reconocer la población del padrón de 1996, con los perjuicios financieros que de ello se derivaron para esa comunidad autónoma.

Y perniciosa, no por los resultados en sí, que serán analizados críticamente por los profesionales del ramo cuando se publiquen con más detalle, sino por la sombra de duda que se arroja sobre el nuevo sistema que se quiere implantar y que acabará por ser una pieza clave en la estadística española radicada en el INE.

Se dice, con razón, que las prisas no son buenas en ningún caso; mas cuando con ellas se arriesga el crédito de instituciones sobre las que descansa la percepción objetiva de la realidad social, las prisas suelen resultar matadoras.

El nuevo sistema de padrón continuo que se está implantando representará un paso hacia la modernidad y acabará por arrojar un saldo positivo, pero la oportunidad de hacer públicos estos resultados, cuya coherencia con los datos preexistentes no existen, es oportunismo, y no otra cosa.

Juan Antonio Fernández Cordón y Joaquín Leguina son demógrafos.