Las prejubilaciones y los caraduras

La preocupación del ministro de Trabajo por el imparable aumento de las prejubilaciones parece un poco frágil y cándida. Porque, claro está, si el señor Pimentel y el Partido Popular quieren realmente frenar el uso abusivo de las prejubilaciones en ciertas grandes empresas con colosales beneficios económicos, lo tienen muy fácil: simplemente tienen que aplicar la ley y seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo. Desgraciadamente, desde mi modesto entender, me temo que el señor ministro de Trabajo, a pesar de su buena voluntad, tiene muy poco poder real para hacer cumplir unos mínimos de justicia social a una serie de caraduras que creen tener una patente de corso neoliberal para hacer lo que les dé la gana.

Porque es verdad, los datos son contundentes: al Estado le cuesta todos los años más de cien mil millones de pesetas los diferentes tipos de prejubilaciones, dinero que también se saca del Inem, para -y aquí está la paradoja- pagar a trabajadores que jamás tendrían que haber sido despedidos de empresas con fuertes beneficios, y después, claro, no queda dinero para pagar a los más de 1.400.000 parados que no perciben ni un duro del Inem.

El caso más alucinante de todo ello es el de Telefónica, empresa que está obteniendo unos beneficios multimillonarios (jugando a la Bolsa como aquel que juega a lo loco a la Primitiva), y aún tienen el rostro de empezar a prejubilar a los 42 años; en parecidos parámetros se encuentran importantes empresas del sector eléctrico y algunos grandes bancos.

Todo ello, si se quiere seguir manteniendo una Seguridad Social, una sanidad y unas pensiones públicas y un mínimo de dignidad y cohesión social, sólo tiene una solución: que los grandes accionistas de Bolsa de estas compañías paguen un impuesto social para cuadrar las cuentas del Estado (de todos los ciudadanos), expoliadas por estas prejubilaciones tan sospechosas. Es decir, que se cumpla la Constitución también en los aspectos sociolaborales.- . .