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Editorial:

Nuevos ayuntamientos

El mapa municipal que quedó dibujado ayer, tras la constitución en toda España de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones del 13-J, no significa un terremoto político respecto al mapa anterior, pero aparece moteado por cambios muy significativos. Es evidente en determinadas regiones, como Andalucía o Galicia, donde el PP ha sufrido un duro retroceso. Por todas partes se observan cambios más o menos profundos que refuerzan esa percepción de un mapa municipal más plural y portador de expectativas de cambio. El caso de la alcaldía de Vitoria, finalmente en manos del PP, que acaba con 20 años de gestión del PNV en la capital vasca, es un ejemplo significativo. El dato fundamental es que el PP ha ganado las elecciones municipales del 13-J. Pero a partir de ahí hay que explicar por qué ha perdido 11 de las 41 capitales de provincia conseguidas en mayo de 1995. Y es que, si bien ha ganado las elecciones, ha sido con una diferencia de apenas dos décimas por encima del PSOE. El 34,4% de los votos, para el PP, y el 34,2%, para el PSOE. Es decir, un empate técnico. Lógicamente, ese porcentaje ha debilitado la posición del PP, le ha hecho perder algunas mayorías absolutas y retroceder como fuerza más votada en seis de las 44 capitales de provincia en que lo fue en las elecciones de 1995. Por el contrario, al PSOE su porcentaje de votos, unos 450.000 más, le ha servido para recuperar posiciones en numerosos municipios y, sobre todo, para situarle en disposición de formar alianza con Izquierda Unida o con otras formaciones nacionalistas o regionalistas en aquellos municipios donde el PP no ha obtenido mayoría absoluta. La renovación del pacto de izquierdas de Barcelona, en el que ha entrado Esquerra Republicana, prefigura además la posibilidad de una futura mayoría alternativa a los 19 años de gobierno de Pujol en Cataluña.

Ésta es la segunda clave del mapa municipal dibujado ayer: la mayor capacidad del PSOE o su mejor situación para negociar con fuerzas políticas afines mayorías de gobierno. Sin mayoría absoluta y sólo relativa, el PP corre el riesgo de que otras fuerzas políticas configuren mayorías que lo dejen en la oposición. El aislamiento político del PP se ha hecho patente en el frenético proceso de negociación habido a lo largo de los últimos 20 días para conformar los gobiernos municipales. Y esto se ha hecho evidente sobre todo en Galicia y Andalucía, donde el PP ha sido desplazado del poder municipal en importantes ciudades por los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la primera comunidad, y entre el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Andalucista en la segunda. Es el caso de Sevilla, Granada, Córdoba y Almería en Andalucía, y de Lugo, Pontevedra, Vigo y Ferrol en Galicia.

El ser la fuerza más votada y, sin embargo, no poder gobernar ha llevado al PP a descalificar con diversos argumentos las mayorías de gobierno logradas por otras fuerzas políticas. Incluso se ha hecho eco de ciertas propuestas de reforma legislativa para que sea la fuerza más votada la que gobierne en los ayuntamientos. Pero, aparte de que el PP ha hecho siempre que le ha convenido lo que ahora critica, la posibilidad de conformar mayorías mediante el pacto cuando ninguna fuerza política por sí sola lo ha alcanzado con los votos es un procedimiento democrático intachable. No procede, pues, tratar un problema propio como si lo fuera del sistema. La intervención del presidente José María Aznar desautorizando las sugerencias de cambiar la Ley Electoral lanzadas irresponsablemente, como una rabieta de perdedor, por el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, es una muestra de sensatez.

El PP y el PSOE han tenido el suficiente sentido común para organizar acuerdos de gobernabilidad para evitar que el gilismo (el GIL) gobierne en Ceuta y en otras poblaciones de la Costa del Sol. Con la chirriante excepción de Melilla, donde un acuerdo espontáneo y pintoresco, en el que ha participado el PSOE local, ha llevado a la presidencia de la corporación municipal a un representante de Coalición por Melilla, y a la vicepresidencia, a un edil del partido de Jesús Gil. El PSOE ha rechazado tal acuerdo y ha anunciado que expedientará a sus impulsores. En el País Vasco ha funcionado también un pacto de no agresión entre el PSOE y el PP que ha permitido gobernar a la lista más votada (por ejemplo, en Vitoria). Cuando existen razones de fondo como son las de impedir que intereses económicos de origen dudoso se adueñen de las instituciones en una zona estratégica del Estado (el triángulo entre Ceuta, La Línea y la Costa del Sol), o evitar la política de "frentes" en el País Vasco, es legítimo y deseable que fuerzas políticas tan alejadas entre sí pacten y gobiernen en coalición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de julio de 1999