La gestora de la FAPA se querellará contra la juez "si no admite su error" La comisión dice que el desalojo de la sede fue una "negligencia"

La comisión gestora y la comisión de arbitraje de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia anunciaron ayer que se querellarán contra la magistrada sustituta que se responsabiliza del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia "si no reconoce públicamente que cometió un error" al ordenar a la policía que los desalojara de la sede de la FAPA el viernes. Carlos Costa, presidente de la comisión de arbitraje, dice que mañana acudirán al juzgado para pedir explicaciones por esta "negligencia judicial".

Costa aclara que se dieron cuenta del "error" de la juez cuando, tras ser desalojados de la sede, acudieron al juzgado de guardia para presentar una denuncia. Allí se enteraron de que "la orden de desalojo corresponde a la denuncia presentada el pasado 2 de junio" por el entonces presidente de la FAPA, Antonio Garcés, contra unos socios de la federación que entraron ese día a la sede para elaborar una convocatoria de una asamblea comarcal. La comisión gestora y la comisión de arbitraje consideran "absurdo" que la juez envíe una orden de desalojo "un mes después de que se celebrara aquella reunión". "Es rídículo pensar que un mes después van a continuar dentro del local las personas que participaron en aquella renunión", ironiza Costa. Se quejan de que la orden de desalojo ha perjudicado "a las personas que tienen actualmente responsabilidades de gobierno que emanan de la asamblea de la FAPA [los miembros de la gestora]". También critican que la denuncia de Garcés que motivó el desalojo "ya no tenía ningún sentido porque había sido destituido de su cargo de presidente por la asamblea general de la FAPA". Sin embargo, Garcés no reconoce la legitimidad de la comisión gestora surgida de la asamblea. La juez le dio la razón al determinar que la ejecutiva ejerce el poder de forma legítima y les dio permiso para que desalojara de la sede a las personas que se encontraran allí sin su autorización: los miembros de la gestora y la comisión de arbitraje. En cambio, la gestora afirma que la vuelta a la sede de la ejecutiva está motivada por "un intento de ocultar las pruebas del uso de los fondos de la federación".