Un juzgado ordena a la gestora que desaloje la sede de FAPA-Valencia

La justicia ha acabado, de momento, con los cambios de cerradura y enconadas disputas por ocupar la sede de la Federación de Asociaciones de Padre de Alumnos de Valencia (FAPA-Valencia): la ejecutiva de la organización y su presidente, Toni Garcés, ejercen el poder de forma legítima. Así lo acordó ayer una juez de Valencia, que autorizó a Garcés a desalojar de la sede a aquellas personas que allí estuvieran sin su autorización.

Las denuncias cruzadas, el intercambio de calificativos y las acusaciones mutuas no han finalizado aún, pero una magistrada sustituta, la que se responsabiliza del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, ha acabado con los seis días de mayor convulsión en la historia reciente de FAPA-Valencia: La ejecutiva de la organización, con su presidente al frente, Toni Garcés, son los legales responsables de la entidad. De momento. Así lo estableció ayer la juez Isabel Moreno de Viana, gracias a cuya orden, y la ayuda de tres policías, fueron desalojados los miembros de la comisión gestora que habían ocupado la sede de la organización el martes, tras ser elegidos en una asamblea extraordinaria celebrada cuatro días antes. La juez autorizó el "desalojo de todas las personas que allí se encuentren sin autorización del presidente". Y Garcés se acogió a la orden al pie de la letra. Instó a los agentes que le acompañaban a mostrar la puerta de salida a los miembros de la comisión gestora allí presentes. Además, el presidente contrató, de nuevo, los servicios de un cerrajero. La juez también permitió a Garcés, "si lo estima conveniente, el cambio de la cerradura". Dos vigilantes de seguridad custodiaban ayer tarde la sede de la organización. La orden judicial cierra, provisionalmente, la crisis que ha sufrido una organización que agrupa a los padres de 568 colegios. El sábado, 73 agrupaciones apoyaron, en asamblea general, la presentación de una querella contra la ejecutiva y la destitución del presidente. Los representantes del sector crítico arremetieron con dureza contra la gestión de Garcés, elegido el pasado diciembre por un estrecho margen de votos. Sin embargo, la ejecutiva no reconoció legitimidad alguna a la comisión gestora surgida de la asamblea. Al contrario: el mismo sábado había cambiado la cerradura de la sede, y el lunes se negó a abandonarla e incluso a facilitar el acceso a los cargos elegidos en la asamblea extraordinaria. Éstos, acompañados de un cerrajero, entraron en el edificio el martes. La ejecutiva lo había abandonado tras dar descanso al personal administrativo. Ahora, la justicia le ha dado un vuelco a la situación al considerar que ni la asamblea ni sus decisiones respetaron los estatutos de la asociación, según aseguró ayer el abogado de FAPA-Valencia, Ángel Lorenzo. La juez, además, citó a declarar en calidad de imputados a 12 miembros y partidarios de la gestora. Mientras, Garcés pidió consenso y concordia.