El Estado se gastará un mínimo de 48.000 millones en indemnizaciones a las víctimas del terrorismo

Los partidos cumplieron ayer, último día del periodo parlamentario de sesiones, con la moción aprobada unánimemente el 10 de noviembre y firmaron la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Esta ley es una aportación al proceso de paz con un reconocimiento público a esas personas que se concretará en la instauración de una real orden específica. Los siete meses de diálogo han servido para ampliar sus beneficios a las víctimas de la extrema derecha y los secuestrados. El Estado pagará en total 48.000 millones como mínimo, 4.000 más de los calculados en principio.

No les ha sido fácil a los partidos la unanimidad en una proposición de ley sobre la que el Congreso se pronunció por vez primera en noviembre y a la que el presidente del Gobierno, José María Aznar, dio luz verde en diciembre. Los siete meses de conversaciones han tenido la virtud de recoger con mayor amplitud las propuestas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y, sobre todo, de dar a la ley, además de un importante carácter unitario, el marchamo de reconocimiento a los afectados. Las intervenciones, ayer, de los portavoces tuvieron este rango cómún y neutralizaron el mal sabor de boca que dejó el debate sobre el estado de la nación, del que no pudo salir una resolución unitaria en relación con el proceso de paz en Euskadi.

La proposición de ley reconoce también indemnizaciones a las víctimas o a sus familias decididas en numerosas sentencias judiciales que no han sido satisfechas. En su preámbulo indica que "pretende hacer efectivo, por razones de solidaridad, el derecho de los damnificados a ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al pago de aquellos".

Al ser un acuerdo unánime, la ley se tramitará por lectura única y por el procedimiento de urgencia en el primer pleno que celebre el Congreso en el próximo periodo. Ayer se admitía la posibilidad de que se habilitara una sesión extraordinaria este mismo mes.

El debate entre los partidos se mantuvo hasta el mismo momento de la firma, al mediodía de ayer. Una conversación entre los portavoces del PP, Luis de Grandes; del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del PNV, Margarita Uría, zanjó una reclamación de los nacionalistas vascos: ampliar a los secuestrados los beneficios.

Pablo Castellano, de Izquierda Unida (IU), y los representantes del PNV y Eusko Alkartasuna (EA) adelantaron que esta proposición se completará con otra que amplíe los beneficios a las víctimas por "hechos lamentables" sucedidos en la transición democrática y la dictadura. Precisaron que afectará a los muertos en las manifestaciones por la democracia -los tres obreros de Vitoria, en marzo de 1976; Mari Luz Nájera, en Madrid, en enero de 1977...-; repartiendo panfletos -Pedro Patiño, en Leganés...-, o a las víctimas de las torturas policiales.

Los principales aspectos de la ley acordada y registrada ayer en el Congreso son los siguientes:

Ámbito de aplicación

. Las víctimas de todas las organizaciones terroristas, sean nacionalistas radicales, de extrema izquierda o extrema derecha, o de personas no organizadas, pero con la intención de "alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana". Esto incluye a las víctimas de ETA, los GRAPO, los GAL o de casos más aislados, como el estudiante madrileño Arturo Ruiz, asesinado en octubre de 1976; los abogados laboralistas de la calle de Atocha, que lo fueron en enero de 1977, o Antonio Cubillo, líder de un movimiento independentista canario, que resultó herido en 1978. También se extiende su aplicación a los secuestrados.

Fecha de aplicación

Desde el 1 de enero de 1968, año en que ETA cometió su primer asesinato. Queda abierta a hipotéticos casos futuros. - Beneficiarios. Las víctimas de hechos terroristas y, en caso de fallecimiento, sus familiares. Se extiende a las parejas de hecho con la condición de que convivieran, al menos, desde dos años antes del fallecimiento de la víctima.

Distinciones honoríficas

El Gobierno aprobará antes de tres meses la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. El Ejecutivo concederá las condecoraciones, previa solicitud de los interesados o sus herederos. Los fallecidos recibirán a título póstumo la Gran Cruz, y los heridos y secuestrados, la Gran Encomienda. - Cuantía de las indemnizaciones. El costo para el Estado será como mínimo de 48.000 millones de pesetas, unos 4.000 más de los previstos al ampliarse los supuestos.-Fallecimiento: 23 millones, dos más que la propuesta del Gobierno. -Gran invalidez: 65 millones. -Incapacidad permanente absoluta: 16 millones, dos más.

-Incapacidad permanente total: 8 millones, uno más.

-Incapacidad permanente parcial (categoría a la que se adscriben las víctimas de secuestros): 6 millones, dos millones y medio más.

Acceso a la indemnización

Sentencia firme. Si no la hay, las diligencias judiciales o los procesos penales incoados por esos delitos y las resoluciones administrativas por las que se hubiera reconocido a los interesados la condición de víctimas del terrorismo. Las víctimas podrán pedir la indemnización a los seis meses de la entrada en vigor del reglamento.

El Ministerio del Interior, en otro plazo máximo de doce meses, se encargará de la tramitación y el pago.