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Pacto en el Parlament para que el Consejo del Audiovisual asuma funciones ejecutivas del Gobierno

Enric Company

VIENE DE LA PÁGINA 1 El modelo de Consejo del Audiovisual (CAC) que los diputados de CiU, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) pretenden aplicar es el francés. CiU se avino ayer a esta rectificación en lo que ha sido su actuación hasta ahora, pero no a suspender la no renovación de las tres licencias de la COPE y la de Onda Cero, que está en el origen del debate de ayer. Esta suspensión fue propuesta por los grupos parlamentarios del PSC, el PP e IC-Verds, pero esas propuestas estaban condenadas al fracaso porque ERC las rechazaba, como CiU. Los socialistas no quisieron sumarse al compromiso arrancado por ERC e IC-Verds a CiU para que un organismo como el CAC, independiente del Gobierno catalán, de composición plural y sin cuotas de partido, asuma responsabilidades ejecutivas en la concesión de frecuencias de radio que ahora tiene el Gobierno catalán. Consideraron que al final de la legislatura no va a poder materializarse en nada, según explicó el diputado Josep Maria Carbonell. Sin embargo, el diputado de CiU Francesc Codina, que fue quien negoció el acuerdo con Jordi Guillot, de IC-Verds, y Josep Bargalló, de ERC, contaba con el total apoyo del Gobierno y en particular el del consejero de la Presidencia, Xavier Trias, a cuyo departamento compete este asunto. Codina aseguró que es voluntad de CiU convertir el CAC en un organismo con amplias facultades en la aplicación de la política de la Generalitat en materia de radiotelevisión, en la línea apuntada ya en la comisión parlamentaria que estudia la reforma del marco legislativo de la radiotelevisión en Cataluña. Aunque admitió que eso va a quedar para la próxima legislatura. El pacto incluye el compromiso del Gobierno de que, mientras no se modifique la ley que regula el CAC, el Ejecutivo catalán no concederá frecuencias de radio, tanto comerciales como municipales, sin contar con un informe previo del CAC. Y que se pactará con las entidades municipales la regulación del régimen jurídico de las emisoras municipales. La nueva ley del agua El Parlamento aprobó ayer, por otra parte, el proyecto de ley de Ordenación y Gestión del Agua, que, entre otras cosas, crea la Agencia Catalana del Agua, descentraliza la gestión de determinados aspectos de la administración de los recursos hidráulicos en beneficio de los municipios y reordena los tributos que hasta ahora se cobraban junto con la factura del agua. Con esta reordenación se ha conseguido dar una salida al conflicto que desde hace un década ha enfrentado a los sucesivos gobiernos de CiU con las asociaciones de vecinos de barrios populares. El acuerdo con estos colectivos vecinales, cuyo método de presión ha sido el impago del recibo del agua y que en algunos momentos han llegado a movilizar a 30.000 personas, incluye también facilidades para el pago de los recibos atrasados.

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