La CNMV reclama una reforma bursátil para vigilar más la información privilegiada

La nueva Ley del Mercado de Valores se aprobó en noviembre de 1995 y ya tiene grietas. Al menos, eso es lo que opina el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan Fernández-Armesto, que aprovechó ayer su paso por el Parlamento para pedir a los legisladores que exijan mayor responsabilidad a los consejos de las empresas en el manejo de las autocarteras, delimiten claramente qué es información reservada e información privilegiada e incorporen al Código de Buen Gobierno algunas exigencias por ley en lugar de ser voluntarias.

Fernández-Armesto acudía ayer a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para su comparecencia anual sin otro particular que hacer un balance anual de su gestión. Asimismo, era requerido por el PSOE para que aportara pormenores sobre la crisis de la agencia de valores AVA. En el comienzo, una pincelada global: alrededor de un tercio de la capitalización bursátil está en manos de cerca de tres millones de pequeños inversores, un 16% se encuentra en poder de los inversores institucionales y el 37% lo controlan los inversores institucionales extranjeros. Esta es la distribución de un mercado que durante 1998 aumentó su captación de ahorro el 50% y el 60% su volumen de negociación, según la CNMV.

Fernández-Armesto, tras lanzar un mensaje sobre la necesidad de salvar la atomización de los mercados españoles (cuatro bolsas, dos mercados de derivados, otro de deuda pública, uno de renta fija y cinco servicios de compensación y liquidación), presentó sus pretensiones de cambios legislativos en la sede encargada de abordarlos.

"Creo que ha llegado el momento de replantear una reforma más amplia del régimen de autocartera", dijo el presidente de la CNMV ante los parlamentarios. No se trata, a su juicio, de modificar el límite de 5% de autocartera (tenencia por una empresa de acciones propias), sino de que los "consejo asuman una mayor responsabilidad por la compraventa de estas acciones", añadió.

Apostó Fernández-Armesto por reformar al actual régimen de información, de manera que el mercado conozca en cada momento los programas en vigor para no distorsionar el mercado y perjudicar a los inversores que no dispongan de información sobre ello.

Fue en el terreno de la información donde el presidente de la CNMV expuso más queja ante un Parlamento que ha dejado lagunas importantes en una norma muy reciente. "La prohibición de usar información privilegiada plantea problemas jurídicos serios en todos los sistemas jurídicos. Pero es que en el ordenamiento español suma otra dificultad: plantea dudas de interpretación, ya que la norma no es lo suficientemente clara y dificulta su recta aplicación". El mensaje al Parlamento era claro: haría falta una modificación de la actual ley que clarificara varios aspectos.

Fernández-Armesto reclama que se clarifique si existe un concepto diferente de információn reservada del de información privilegiada. El presidente de la CNMV reconoció públicamente las grandes dificultades "en la prueba de los hechos y en la aplicación del derecho " en los expedientes instruidos por la Comisión.

En un tercer frente de peticiones, Fernández-Armesto entró en el terreno del Código del Buen Gobierno que fue aprobado en 1998 y que fue redactado por una comisión de expertos bajo la dirección de Manuel Olivencia.

A pesar de considerar que este código debe ser voluntario, también en este campo reclamó el presidente de la CNMV reformas. "La legislación española no ha codificado legalmente los deberes de lealtad y defensa del interés social de los administradores y de los accionistas representativos", dijo. El máximo responsable de la CNMV estaba pensando en los deberes relativos a la fijación de retribuciones , blindaje ante las tomas de control o la exclusión del derecho de suscripción preferentes. A juicio de Fernández-Armesto, no se trataría tanto de establecer ciertas prohibiciones como de sometarlas a controles procedimentales.

Tanto los representantes del PSOE como los del PP reconocieron que habían tomado nota de las peticiones del presidente de la CNMV y ambos grupos coincidieron en que "apoyarían todas las iniciativas que mejoraran la transparencia del mercado y la penalización de la información provilegiada".

La segunda parte de la comparecencia estaba destinada a explicar la crisis de AVA. En este sentido, Fernández-Armesto recalcó que la labor de la CNMV en esta crisis "aminoró" los quebrantos a los pequeños inversores y aportó un informe del Consejo de Estado de diciembre pasado que le exime de responsabilidad. El diputado del PSOE Fernando Gimeno, que había pedido la comparecencia, resaltó que la actuación de la CNMV había sido negligente en la crisis de AVA.