Una juez investiga una red de sobornos en la Inspección de Hacienda en Madrid

La justicia está investigando la posible existencia de una red de cohechos y de venta de información fiscal de carácter confidencial en la Delegación de Hacienda de Madrid. En relación con esa investigación, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ordenó el pasado día 7 la detención del inspector provincial de Madrid Mariano Navarro Rubio, quien finalmente quedó en libertad, aunque imputado, entre otros, por los presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento. Las investigaciones del caso comenzaron hace varios meses a raíz de la presentación en los juzgados de una denuncia por una sociedad del grupo empresarial de Juan Abelló.

La orden de detención del inspector provincial de Madrid Mariano Navarro Rubio se produjo después de varios meses de seguimiento y control telefónico por parte de la Policía Judicial, según las fuentes consultadas. La juez encargada del caso y titular del Juzgado número 37 de la plaza Castilla, de Madrid, Elisa Romero, mantiene desde hace varios meses el secreto de las actuaciones judiciales.

Sobre la base de los testimonios recogidos en el transcurso de esa investigación, la juez ordenó la detención del funcionario de Hacienda. Tal hecho se produjo el pasado día 7 y, tras prestar declaración, Navarro Rubio quedó en libertad, pero con varios cargos contra él, entre ellos, los de supuesto cohecho y falsedad en documento público.

La fiscalía asignada al caso es la llamada Unidad de Delitos Económicos. Asimismo, siempre según las mismas fuentes, la Agencia Tributaria también está personada en el caso, al considerar que la divulgación de información confidencial sobre las inspecciones implica un delito por parte de los funcionarios implicados.

Mariano Navarro Rubio ocupa un puesto de inspector en la Delegación de Hacienda en Madrid y es hijo de Mariano Navarro Rubio, ministro franquista de Hacienda entre 1957 y 1966 y luego gobernador del Banco de España entre los años 1966 y 1970.

Según las fuentes consultadas por este diario, hay serios indicios de que, además del detenido, otros funcionarios de Hacienda de la capital y de otras zonas del país podrían estar también implicados en la supuesta trama. La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por una sociedad propiedad del empresario Juan Abelló, principal accionista del Grupo Torreal e Ibersuizas, y en la actualidad presidente de la empresa de telefonía Airtel.

La empresa del Grupo Abelló denunció la divulgación de informaciones confidenciales procedentes de Hacienda y que fueron utilizadas contra ella como instrumento de chantaje económico.

Asimismo, las investigaciones también exploran las posibles conexiones de esa supuesta red con las filtraciones de datos fiscales confidenciales en la zona correspondiente a la Delegación de Hacienda en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo responsable fue hasta hace poco más de un año Alfredo Pérez Lodares, ex jefe de inspección en la Comunidad de Valencia.

La divulgación de información confidencial de la Inspección de Hacienda, con manipulaciones y añadidos, utilizada como herramienta de presión ya ha sido denunciada en diversas ocasiones por diversos empresarios.

La investigación en marcha también pretende esclarecer si funcionarios de la Inspección de Hacienda pudieron asimismo elaborar informes falsos o manipulados a partir de datos recogidos en las inspecciones fiscales. Esos informes, presentados como recomendaciones de la inspección para instar ante los tribunales denuncias por supuestos delitos fiscales ante los tribunales, pudieron haber sido empleados en algunos casos para extorsionar económicamente a personas o empresas.