Méndez aceptaría una revisión de las prejubilaciones
Los dirigentes de UGT y de la patronal valenciana han entrado en el debate lanzado por Trabajo sobre el exceso de prejubilaciones y se han mostrado a favor de revisarlas en los casos de empresas con beneficios. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, comparte la preocupación del ministro Manuel Pimentel por el coste que tienen las prejubilaciones para las arcas públicas, 100.000 millones de pesetas al año, y sobre todo por el impacto que pueden producir en la financiación de la Seguridad Social. Pero Méndez también aconsejó al Gobierno que exija un cambio de mentalidad a las empresas que aplican ese modelo de retiro anticipado a trabajadores a partir de los 52 años, muchas de ellas hasta hace poco públicas, para que den el valor que merece el factor humano.
Contrato de relevo0
El líder de UGT defiende la necesidad de progresar en la jubilación avanzada de carácter parcial a partir de los 62 años y fomentar el uso del contrato de relevo para jóvenes. En su criterio, no es lógico que en el primer trimestre haya habido más de 20.000 jubilaciones anticipadas y sólo se han realizado 88 contratos de relevo. El presidente de la patronal valenciana, Rafael Ferrando, señaló que es "necesario para la renovación del tejido empresarial" que Trabajo frene las prejubilaciones en empresas con beneficios a cargo del Estado. Ferrando indicó que ese tipo de prejubilaciones "ya no tiene sentido en un momento en que debemos aproximarnos a la media del paro que registra Europa", y como solución propone "recalificar y formar" a esos trabajadores para que "sigan siendo útiles a las empresas" hasta que alcancen la edad de jubilación a los 65 años.
Ante el toque de atención lanzado por el ministro Pimentel, el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, señaló que es necesario evitar la imagen de que las grandes empresas no aprecian el trabajo realizado por sus asalariados susceptibles de ser prejubilables, y sugirió un estudio "sereno" de la situación actual.
Montoro añadió que los grandes procesos de reestructuración son algo del pasado, y las prejubilaciones "ya no alcanzarán el volumen" de años anteriores, y manifestó que "hay que racionalizar los procedimientos y revisar los apoyos públicos".
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