Medio Ambiente cierra una planta de residuos tóxicos y peligrosos por sus deficiencias en el almacenamiento

La única planta que neutralizaba en la región residuos tóxicos y peligrosos semilíquidos fue cerrada ayer por la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente no ha renovado el permiso de funcionamiento a la empresa Técnica de Protección Medioambiental (TPA), cuya planta se encontraba en el barrio de Manoteras (Hortaleza). La industria, que trataba anualmente 10.000 toneladas de residuos procedentes de varias comunidades autónomas, fue cerrada al descubrirse deficiencias en sus instalaciones. El director general de Calidad Ambiental, Ignacio López-Galiacho, reconoció ayer que los técnicos regionales descubrieron fallos de almacenamiento y traslados de residuos de alta carga orgánica dentro de la propia planta, por lo que Medio Ambiente abrió un expediente sancionador a la TPA que ayer concluyó en el cierre y una sanción de 15 millones de pesetas.

La industria, que fue autorizada en 1994, estabilizaba mediante procedimientos fisico-químicos residuos fangosos que incluían restos de hidrocarburos, restos de procesos de oxidación del aluminio y otros con una elevada carga orgánica (procedentes de industrias cerveceras). Aproximadamente el 40% de estos residuos procedía de otras comunidades, principalmente de Castilla-La Mancha.

La ley prohíbe que en Madrid se gestionen residuos de otras regiones, por lo que ahora estas regiones deberán buscarse otras empresas para tratar sus basuras.

Para cubrir el hueco que deja esta planta, la Consejería de Medio Ambiente ha construido una instalación similar en el vertedero de seguridad de San Fernando de Henares propiedad de la Comunidad de Madrid.

Esta nueva instalación, ya en actividad, será gestionada también por la TPA, que recibió la autorización de la Comunidad a principios de año, tras concurso público.

El director general de Calidad Ambiental destacó además que la nueva planta de estabilización de San Fernando no podrá recibir residuos de fuera de la región, como ocurría en la de Manoteras, que era de titularidad privada, y que no todos los residuos de alta carga orgánica producidos en la Comunidad podrán ser tratados en ella, por lo que las empresas responsables de estos residuos los tendrán que trasladar a centros de otras comunidades autónomas, lo que encarecerá su gestión.

Para López-Galiacho, la cuestión es "minimizar" la generación de residuos tóxicos y peligrosos, y así los productores de estas sustancias "no tendrán que gastar tanto en su tratamiento".