Los presidentes autonómicos no declararán ante la comisión de investigación del lino

El pulso librado en los últimos días entre el PP y el PSOE sobre qué presidentes de Gobiernos autónomos debían ser llamados a declarar ante la comisión de investigación del Congreso que debe investigar el escándalo de las subvenciones al cultivo del lino se resolvió ayer, tras tres horas de reunión de los comisionados, de forma salomónica. Por el momento, ningún responsable autonómico declarará ante la comisión, que iniciará sus trabajos el 20 de julio (los comparecientes deben ser convocados con 15 días de antelación). Los platos fuertes de la investigación se limitarán, así, a la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio; a los altos cargos que dimitieron de su departamento por el cultivo y cobro de primas, Nicolás López de Coca y Gonzalo Ruiz Paz, y a los consejeros de Agricultura de los Gobiernos regionales con cultivo de lino.

No obstante, desde el PP se recordó que el acuerdo de ayer sólo supone una primera criba de comparecientes, que podría ampliarse, de acuerdo con la marcha de los trabajos.

El PP, que considera las denuncias sobre los cazaprimas del lino un montaje inspirado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, quería llamar a declarar al presidente de esta comunidad, José Bono, a quien atribuye la responsabilidad de que la campaña electoral de la ex ministra Loyola de Palacio resultara empañada por el escándalo.

El PSOE, por su parte, deseaba llamar a declarar a todos los presidentes regionales en cuyas comunidades se cultivara lino, incluido el catalán Jordi Pujol. Una cierta falta de coordinación (IU solicitaba la comparecencia de Bono, pero apoyaba las peticiones de comparecencia del PSOE) y la votación de comparecencias una por una llevó finalmente a que PSOE y PP coincidieran en rechazar todas las comparecencias de presidentes autonómicos.

Por iniciativa del PP se desestimaron igualmente las comparecencias solicitadas del actual ministro de Agricultura, Jesús Posada, y del de Interior, Jaime Mayor Oreja -la comparecencia de éste había sido propuesta para explicar los incendios registrados en plantas transformadoras-. IU, que mantuvo la petición de declaración de Bono, aseguró tras la votación que la votación de ayer había "descafeinado" la comisión.

Cruce de acusaciones

La agitación y descoordinación vividas ayer en el Congreso no impidió, sin embargo, que el PSOE y el PP iniciaran un cruce de descalificaciones mutuas que, previsiblemente, se prolongará hasta que la comisión redacte sus conclusiones -en principio en el mes de spetiembre-. El portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, acusó al PSOE de "prejuzgar" el resultado de la comisión antes de que ésta empiece sus trabajos, que demostrarán finalmente, en su opinión, la "patraña" inventada por los socialistas. Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Amarillo, señaló que el PP acude a la comisión "a regañadientes" y para convertirla "en un mero trámite". La declaración más contundente corrió a cargo, no obstante, de la diputada y miembro de la comisión, Amparo Rubiales (PSOE), quien destacó que "ésta no es la comisión que investiga al presidente Bono, sino al Gobierno de la nación, a la ex ministra Loyola de Palacio y a sus ex altos cargos en Agricultura".

El escándalo del lino, cuya investigación se inicia ahora, marcó la campaña electoral del 13-J. Desde el PSOE se destaparon las relaciones de algunos altos cargos de Agricultura con el cultivo de un producto que la UE subvenciona con 130.000 pesetas por hectárea, así como con las industrias transformadoras, en algunas de las cuales se han registrado incendios de origen poco claro.

En el transcurso de la compaña electoral, la ex ministra De Palacio pasó de hacer una defensa cerrada de sus ex colaboradores a cuestionar la "estética" de que altos cargos de la Administración se beneficien de las millonarias ayudas agrarias de la UE.