Todos los demandados fueron deshonestos, según la sentencia

Nick Pearson, el máximo responsable del equipo jurídico de Baker & McKenzie en el caso Torras, se mostró contundente ayer al afirmar que "todos los demandados en esta causa actuaron de forma deshonesta", según reza la sentencia, aunque algunos de ellos hayan quedado absueltos, en referencia a diversos abogados y asesores, como Plinio Coll, Miguel Soler o Karin Parker. Según Pearson, que se mostró muy satisfecho por el fallo, esta diferencia de consideración obedece al hecho de que la causa de Londres ha sido civil, y no penal, y, por tanto, se trataba de delimitar la responsabilidad económica de cada una de las personas, no las consecuencias penales de su comportamiento.

Pearson está convencido de que en Europa no tendrán ningún problema a la hora de aplicar la sentencia, que implica perseguir y embargar bienes de los cinco condenados hasta sumar los 75.000 millones de pesetas de la sentencia más el cálculo pendiente de los costes judiciales e intereses.

El conjunto de la cifra será espectacular, pues sólo Baker & McKenzie ha cobrado por este proceso una cifra de en torno a los 30 millones de libras esterlinas (unos 7.800 millones de pesetas), según cálculos aproximados. Además deben sumarse los costes judiciales -es decir, los asociados directamente al funcionamiento del tribunal-, y que podrían sumar más de 600 millones de pesetas.

En el caso de España, Torras podría acudir a cualquier tribunal con la sentencia de Londres y pedir su ejecución inmediata. Éste es el proceso que se pondrá en marcha una vez la sentencia haya quedado pulida definitivamente.

En relación con los bienes de De la Rosa en España sobre los que ya pesan embargos judiciales de tribunales españoles deberá esperarse a las sentencias definitivas para ver cuáles quedan disponibles. Torras deberá abstenerse en su momento de pedir en España responsabilidades civiles por el dinero que ya le haya sido reconocido en la sentencia de Londres.

Mención especial merece el caso del paraíso fiscal de las islas Bahamas, donde tiene su residencia el ex presidente de KIO Fahad al Sabaj y donde también posee diversas propiedades el jeque Sheik al Sabaj. En este caso, el Reino Unido posee una ventaja sobre otros países europeos, ya que comparte con las islas, en su calidad de miembro de la Commonwealth, determinados convenios de colaboración. Según Pearson, esto permite que el embargo de los bienes de los dos Al Sabaj en Bahamas no supondrá mayor problema. Además, a Fahad al Sabaj ya se le han congelado 232,5 millones de dólares localizados en dos cuentas suizas de su propiedad.

En el caso de otros dos condenados, el ex director general de KIO Fouad Jaffar y De la Rosa, el tema se presenta más complicado. Ambos están en aparente situación de bancarrota, el primero de ellos incluso ha formalizado esa situación ante la corte, con lo que las sospechas de Baker & McKenzie son que sus propiedades reales están ocultas; es decir, a nombre de terceros o bajo el abrigo de opacos paraísos fiscales. Uno de los retos ahora para los abogados y para Torras es localizarlos.