La Fiscalía acusa a la Ertzaintza de no colaborar con la Audiencia Nacional

La fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez, con el visto bueno del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, ha criticado duramente a la Ertzaintza por no remitir o hacerlo de manera incompleta los expedientes que elabora sobre las llamadas acciones terroristas de baja intensidad en el País Vasco. En ese sentido, denuncia "los notorios y palpables incumplimientos" de la policía vasca, a la que se requirió sin éxito las diligencias completas sobre la quema del repetidor de Pagolar, en la localidad alavesa de Llodio.

La fiscal Olga Sánchez, que ha presentado su escrito acusatorio contra la Ertzaintza a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, tiene la intención de formular similares requerimientos en otros 29 procedimientos, sólo entre marzo y junio, en los que la policía vasca ha procedido de modo similar al del repetidor de Pagolar. El 23 de febrero pasado, el fiscal Jesús Alonso ya formuló una crítica semejante al no haber recibido el Juzgado Central número 1 las diligencias que los ertzainas realizaron respecto a la desactivación de un artefacto explosivo colocado en los bajos de un camión de Correos situado frente a la estación ferroviaria de San Sebastián.

La fiscal Sánchez exige que la Ertzaintza, "de modo inmediato y sin dilaciones", "obligatoriamente" y "en un plazo no superior a 24 horas" remita a la Audiencia Nacional "el atestado original" del expediente de la quema del repetidor mencionado, y no una simple copia incompleta como viene haciendo hasta ahora, y "las ampliaciones del mismo, así como los informes periciales que se soliciten".

En su escrito, Sánchez recuerda que no es la Erzaintza la que decide sobre qué juez tiene la competencia para juzgar ese tipo de delitos, sino que el Tribunal Supremo ha fijado ya los criterios para los supuestos de lucha callejera y ha establecido que la competencia es de la Audiencia Nacional.

Los intereses de ETA

"En principio", esas acciones, según la Fiscalía, "pueden considerarse inspiradas en el deseo de ayudar a los intereses de la organización terrorista ETA". Así, "precisa que el Código Penal de 1995 abunda en la misma dirección al tipificar como delito esos actos vandálicos en el artículo 577. La Ertzaintza suele remitir los expedientes originales a los juzgados del lugar donde han ocurrido los hechos cuando se trata de delitos de lucha callejera y comunica por fax a la Audiencia Nacional una "notificación de incidente o de sabotaje".

La Fiscalía entiende que el procedimiento debería ser al revés, puesto que la Audiencia es el juez natural para enjuiciar ese tipo de delitos. También indica que con esta actuación de la Ertzaintza se duplican esfuerzos porque son dos los juzgados que investigan unos mismos hechos cuando sólo uno de ellos es competente para hacerlo.

Fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco mostraron su malestar por haber conocido la crítica a través de la prensa. "No es forma", alegaron. También negaron haber recibido ninguna comunicación sobre la cuestión ni tener conocimiento oficial, por lo que renunciaron a pronunciarse. "Si se nos comunica por los cauces adecuados, lo analizaremos y responderemos si lo creemos oportuno", adujeron las citadas fuentes, informa Isabel C. Martínez.

Sin embargo, reconocieron que en febrero se reclamaron desde la Audiencia Nacional al departamento de Interior las diligencias sobre la desactivación de un artefacto. "Y se les remitieron", aseguraron.

El criterio que la Ertzaintza utiliza habitualmente a la hora de determinar a qué juzgado envía sus diligencias es la presunción de existencia o no tras el suceso de grupos organizados y de riesgos para la integridad de las personas, siempre según las mismas fuentes. Si no se ha dado uno de esos elementos, la policía vasca valora que se trata de un delito de daños o desórdenes públicos y pone los asuntos en cuestión en conocimiento del juzgado de guardia del lugar donde se hubieran producido, tal y como hizo en el caso mencionado de febrero, que fue enviado inicialmente a un juzgado de San Sebastián hasta que la Audiencia reclamó la documentación.

A su vez, el secretario general de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), Ángel Martínez Sendino, declaró ayer a la agencia Servimedia que tiene constancia de que la Ertzaintza ha ocultado información a la Audiencia Nacional y pretende que desaparezca este órgano judicial.