El responsable político y dos técnicos reiteran ante el juez la validez del informe que achaca el brote a Maeso

El director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Francisco Bueno; la responsable del servicio de epidemiología de ese departamento, Hermelinda Vanaclocha y el jefe del área de vigilancia de la salud pública del Instituto Carlos III, Ferran Martínez, defendieron ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia tanto la validez científica del informe epidemiológico sobre el brote de hepatitis C como la independencia de los técnicos que elaboraron el estudio. Los tres testigos fueron citados por el juez encargado de investigar el masivo contagio a petición de Francisco Davó, el abogado del único imputado por el caso, Juan MaesoTodos ellos explicaron las directrices seguidas para elaborar el informe, defendieron sin fisuras su correción científica y negaron, ante las preguntas de Davó en ese sentido, que el estudio se hubiera centrado en el anestesista imputado. El informe epidemiológico, finalizado y presentado al juez el pasado octubre, vincula a Juan Maeso con 171 casos de contagio, concluye que Maeso es la única fuente de contagio y subraya que el facultativo, jefe de anestesiología del hospital Maternal de la ciudad sanitaria La Fe, utilizaba dosis de opiáceos superiores a las normales. El ADN de las muestras utilizadas reveló una coincidencia absoluta entre el virus del anestesista y el de las personas infectadas. Vanaclocha y Martínez Navarro insistieron en la total validez de esas conclusiones. Bueno, por su parte, explicó una vez más cómo la consejería, tras tener conocimiento el 20 de marzo de 1998 de la posible existencia del brote, articuló los mecanismos necesarios para identificar el foco o focos de contagio y ponerle o ponerles coto con la máxima urgencia. El director general de Salud Pública negó que las autoridades sanitarias hubieran dirigido el estudio. Fue realizado por científicos "independientes", dijo. "Por los mejores", añadió. Los testimonios de Vanaclocha y Martínez tampoco aportaron novedades. La primera, como en todas las comparecencias, a preguntas, básicamente, de Davó y del fiscal, reiteró los resultados del estudio, negó que éste se hubiera centrado en la actividad del anestesista imputado con ánimo de responsabilizarle del brote y justificó el lugar de realización del informe: el servicio de la consejería y no el del área territorial, en principio, su lugar natural. Para Vanaclocha, la gravedad del caso y la alarma social que despertó explican la creación de un equipo específico. La jefa de servicio de Sanidad no eludió críticas hacia la Casa de Salud, la clínica privada en la que se detectó el brote, por la falta información registrada en el centro. Martínez no insistió en este extremo, pero descartó que el objeto del estudio fuera analizar la actividad profesional de Maeso. Al contrario, el estudio epidemiológico llegó a esa conclusión tras descartar cualquier otro foco de contagio. Sin embargo, Davó, a la salida del juzgado, aseguró que su cliente no es "el foco de contagio, sino un afectado más".