Un tribunal de Londres condena a De la Rosa y la cúpula de KIO por conspirar contra Torras

El Tribunal Comercial de Londres entregó ayer a las partes un borrador de sentencia sobre la demanda civil presentada por el Grupo Torras contra sus ex gestores en España y Londres. En ella se condena a los antiguos responsables de la Kuwait Investment Office (KIO) en Londres, su ex presidente y su ex director general Fahad al Sabah y Fouad Jaffar, respectivamente, y a Javier de la Rosa, por conspirar para perjudicar y causar significativas pérdidas económicas al Grupo Torras. El tribunal reclama a todos ellos 72.000 millones de pesetas como responsables civiles solidarios. La sentencia destaca la máxima responsabilidad de De la Rosa en todas las operaciones, por lo que le reclama 3.000 millones más.

La sentencia establece el carácter solidario de las reclamaciones, es decir que todos y cada uno de los condenados son responsables de indemnizar a Torras con los bienes que cada uno disponga y hasta alcanzar la cifra reclamada por Torras. Por ejemplo, en el caso del kuwaití Fahad Al Sabah, la resolución de la Corte Comercial relata que, hasta ahora, Torras ha conseguido localizar y bloquear 232,5 millones de dólares (37.200 millones de pesetas) en sendas cuentas a su nombre en el Lombard Odier y la Banca Pictet de Suiza. La cantidad pendiente de cobro en este caso ya es menor ahora que la fijada en la misma sentencia. En las cantidades incluidas en la sentencia no están contabilizados los intereses desde el momento en el que el dinero desapareció de la empresa, por lo que cantidad final reclamada sumara varios miles de millones más.

La sentencia del juez Jonathan Mance, que será presentada públicamente mañana jueves en el Tribunal Comercial de Londres, incluye a Khaled al Sabah, primo directo del emir de Kuwait, país propietario de KIO, a quien se considera también integrante del grupo de conspiradores, pero en tan sólo una de las operaciones, la relacionada con la sociedad Pincinco, por la que se le reclaman 306 millones de dólares (48.960 millones de pesetas al cambio actual), además de 2.370 millones de pesetas por operaciones adicionales.

El único de los demandados por Torras en Londres que la sentencia considera probado que participó como conspirador en todas las operaciones denunciadas es Javier de la Rosa, motivo por el cual la reclamación civil contra él es superior a todas las demás.

En el caso del resto de los españoles, la sentencia del juez Mance señala que ni el abogado Juan José Folchi ni los asesores Plinio Coll, Carin Parker y Miguel Soler formaron parte de ninguna conspiración, aunque afirma que todos ellos actuaron negligentemente, pero creyendo que lo hacían en beneficio de Torras, de su filial londinense Torras Hostench London o KIO.

Negligencia

En el caso de Folchi, el juez considera que su negligencia consistió en el incumplimiento o violación (breach of duty, según la terminología jurídica británica) de sus deberes como asesor de los directivos de Torras-KIO (Al Sabah, Jaffar y De la Rosa) que conspiraron para defraudar. Como consecuencia de ello, Mance atribuye a Folchi una responsabilidad civil de hasta 60.000 millones de pesetas. Para la mayoría de los demandados, el juez Mance ya había autorizado en diversos momentos de la instrucción del caso, cuya vista se celebró en octubre y noviembre pasado en Londres, el embargo preventivo de sus bienes por importes siempre superiores a los 500 millones de dólares (unos 80.000 millones de pesetas).

La demanda civil fue presentada en Londres en marzo de 1993 y su instrucción ha sido especialmente interesante por la gran cantidad de revelaciones que se produjeron durante el proceso. En primer lugar, cuando se puso de manifiesto la lista de principales beneficiarios del dinero desaparecido.

La relación estaba encabezada por De la Rosa, por cuyas cuentas suizas se localizó el paso de 126,4 millones de dólares. A continuación figuraba el ex presidente de KIO Fahad al Sabah, con 120 millones de dólares. A continuación, aunque sin estar demandado en Londres -pero sí en la Audiencia Nacional-, figuraba el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, con 100 millones de dólares. En este caso, los representantes legales de Torras han presentado en Suiza, lugar en el que Prado tiene fijada su residencia, un requerimiento formal de pago que podría transformarse en demanda civil.

En la relación figuraba también el empresario Enrique Sarasola, en este caso con 28,5 millones de dólares. Tampoco estaba demandado en Londres y también figura como imputado en el caso que se instruye en la Audiencia Nacional.

También figuraban en la lista el jeque Khaled al Sabah y el abogado Folchi, por cuya cuenta Falcon pasaron varios miles de millones de pesetas. Otra de las revelaciones del proceso se produjo casi al final de la vista oral del juicio, cuando los abogados de Torras, la firma multinacional Baker and McKenzie, entregaron una voluminosa documentación procedente de una comisión rogatoria suiza. La información reveló la existencia de cuentas en Suiza de varios ex directivos de Torras, como Jorge Núñez, ex consejero delegado del grupo, y el ex presidente de Ebro, Manuel Guasch.