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Editorial:

Eclipse de derechos

El balance anual de Amnistía Internacional (AI) sobre el estado de los derechos humanos en el mundo sigue siendo sobrecogedor, por más que en 1998 se hayan registrado avances muy importantes en la lucha contra la impunidad de quienes los violan. La detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet ha sido sin duda uno de ellos, como lo fue el acuerdo de crear un Tribunal Internacional Penal con facultad para juzgar los delitos más horrendos en todo el mundo, particularmente los de genocidio y crímenes contra la humanidad. Pocos países se libran de figurar en el relato de horrores confeccionado por Amnistía Internacional. La cosecha de abusos y violaciones en los 144 países señalados es abundante. Bien es verdad que en aquellos que tienen sistemas democráticos tales actos suelen ser perseguidos, mientras que en muchos otros son los propios gobernantes quienes impulsan su violación. España es uno de esos países democráticos en los que se siguen produciendo casos de torturas y malos tratos policiales, que son castigados en tanto se conocen, si bien "tras largas demoras y con condenas a menudo nominales", como señala el informe de AI. Las violaciones de los derechos humanos en países no democráticos son muchas veces masivas y especialmente crueles. Lo son sin duda "las desapariciones" de personas en 37 Estados durante 1998, las ejecuciones extrajudiciales en 47, la existencia de presos de conciencia en 27 o las políticas de limpieza étnica en los Balcanes. Pero la pervivencia de la pena de muerte o la continuada actuación fuera de la legalidad de la policía en sistemas democráticos consituyen, además, un mal referente para los regímenes no democráticos.

Es el caso, como ejemplo más evidente, de Estados Unidos. La nación que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una de las banderas de su política internacional y que se enorgullece, justamente, de su democracia, sus libertades individuales y su igualdad política y legal presenta graves déficit en este terreno. Estados Unidos ha sido uno de los 36 países que en 1998 han aplicado la pena de muerte: 68 ciudadanos, incluyendo a tres menores, fueron ejecutados en 18 estados de la Unión, mientras esperan su turno en los llamados "corredores de la muerte" nada menos que 3.500 personas condenadas a la pena capital. Este empecinamiento de la sociedad norteamericana en seguir aplicando la pena de muerte es tanto más chocante por cuanto, como señala AI, bastantes Estados, incluidos algunos de tradición autocrática como Rusia, han dejado de hacerlo en 1998. Pero el informe de AI también denuncia otras prácticas como algunas intervenciones de la policía, tantas veces denunciadas y en ocasiones cazadas en vídeos irrefutables, y la aplicación de procedimientos tan sorprendentes como los cinturones de electrochoque a detenidos y presos.

En cualquier país europeo, ese método judicial y penitenciario sería considerado una forma de tortura. Y el juez que lo aplicase se convertiría de inmediato en reo de lesa humanidad. Pero en Estados Unidos nadie, salvo grupos muy minoritarios, parece escandalizarse. De hecho, esos cinturones, mediante los cuales se puede enviar a los riñones de los detenidos o reclusos díscolos una buena dosis de voltios, se están generalizando en los tribunales y centros penitenciarios de Estados Unidos. No son buenas credenciales para el país que pretende ejercer de adalid de los derechos humanos en el mundo. Y de ahí el afán de Amnistía Internacional por denunciar -y erradicar- esas prácticas inhumanas y degradantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 1999