El fiscal acusa a un funcionario del Inem de apropiarse de 50 millones

El fiscal pide cinco años y tres meses de cárcel y otros cinco años de inhabilitación para un funcionario del Instituto Nacional de Empleo (Inem) acusado de apropiarse de algo más de 50 millones de pesetas de los fondos destinados a pagar el subsidio de desempleo. El acusado, según el fiscal, manipulaba el ordenador del Inem y durante ochos años emitió órdenes de pago del subsidio en favor de un hermano.

El hermano ingresaba las mensualidades en una cuenta y luego, según el escrito de acusación del fiscal, se lo repartían entre ambos. Un total de 50.539.677 pesetas consiguieron defraudar mediante estos tejemanejes entre 1990 y 1998. El hermano también está procesado en esta causa y se enfrenta a la misma petición de pena. Los dos acusados son Francisco N.L., funcionario del Inem, y su hermano Joaquín. El fiscal asegura que ambos, de común acuerdo, comenzaron "a apoderarse de fondos del Inem" entre los meses de enero de 1990 y junio de 1998. "Para ello, Francisco -el funcionario del Inem- introducía en el ordenador todos los meses un mandamiento de pago con los datos de su hermano Joaquín, quien posteriormente", señala el fiscal, "se personaba en la correspondiente entidad bancaria y hacía efectivo el mandamiento".

De esta forma, los acusados "generaron y cobraron mandamientos de pago con una periodicidad prácticamente mensual entre enero de 1990 y octubre de 1992". Al ver que pasaban los meses y todo les iba bien, el funcionario del Inem decidió aumentar el riesgo y, en lugar de un solo mandamiento de pago, comenzó a librar dos mensuales a partir de octubre de 1992.

Ocho años de fraude

El fiscal explica que "los listados generales con las órdenes de pago para los desempleados los firmaba el director provincial del Inem de Madrid", que lo hacía "confiado en el buen hacer de los funcionarios". Pero ignorante de que Francisco le colaba pagos fraudulentos. Ocho años pasaron antes de que sus superiores se percatasen de los chanchullos de Francisco. El fraude fue descubierto "tras generarse los mandamientos de pago correspondientes al mes de junio de 1998. Uno por importe de 475.889 pesetas y otro por valor de 485.560 pesetas. Joaquín fue detenido por la policía cuando intentaba cobrar en un banco una de las dos fraudulentas mensualidades. Al ser detenido se derrumbó y confesó el fraude. La policía investigó sus cuentas y sólo descubrió unas 500.000 pesetas. Del resto del dinero, hasta los 50 millones, nada se sabe. Los dos hermanos se hallan en la actualidad encarcelados a la espera del juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal les acusa de un delito continuado de fraude ilegal y de otro de falsedad documental. Y pide que devuelvan al Inem los 50 millones que se han apropiado.

La defensa de Joaquín, en su escrito, admite que su cliente ha cometido un delito, pero pide que se le aplique una pena inferior a la que reclama el fiscal basándose en que confesó su participación en el fraude. Su hermano niega los hechos.