El G-8 y la deuda externa: ¿gato por liebre?

Mañana, 19 de junio, se tomarán decisiones trascendentales que afectarán al bienestar y a las expectativas de desarrollo de los pueblos más pobres del planeta. Los ministros de Economía del G-8 han de tratar el tema de la deuda externa de los países más pobres: África subsahariana, Centroamérica y parte de Asia, principalmente. Ocurre que este grupo de países, con un papel poco relevante en el escenario económico mundial, se enfrenta a la más grave situación de sobreendeudamiento y consiguiente crisis política, económica y social. Estos países sólo deben el 11% de la deuda externa mundial; pero esa cantidad, comparada con su renta nacional, sus exportaciones o su ingreso fiscal -en definitiva, su situación económica y su capacidad de generar recursos-, alcanza proporciones que multiplican las cifras de otros países en desarrollo. Esas cifras se traducen en puertas cerradas a los mercados privados de crédito, inestabilidad económica, con el consecuente desincentivo a la inversión y fuga de capitales de los escasos ahorradores locales. Cada año, el pago de la deuda externa crece y el ingreso público se contrae o, en el mejor de los casos, permanece estable. Así, las posibilidades de inversión en infraestructuras -necesarias a medio plazo para tener expectativas de un crecimiento sostenido- son reducidas, mientras los gastos en educación primaria y sanidad básica se minimizan en los presupuestos. Se produce la paradoja de que países en permanente crisis social han de priorizar el pago de la deuda, y no el futuro de sus sociedades. La falta de acceso a la educación impide avances en la democratización y en la toma de conciencia por los ciudadanos de sus derechos; con frecuencia, esto deriva en enfrentamientos civiles o permanentes luchas por el poder para gestionar los escasos recursos en beneficio de un grupo concreto. Esta realidad azota a África subsahariana especialmente.

La reacción de la comunidad acreedora ante esta realidad está siendo, quizás por vez primera, sólida. Frente a argumentos en torno al mensaje "se sufre, pero se aprende", enunciados desde la comodidad que dan la lejanía y el bienestar, existe hoy un amplio consenso sobre la necesidad de proceder a una drástica reducción de la deuda de estos países. Se unen en esa idea imperativos del sentido común, que exige un saneamiento tras 17 años de insolvencia, junto con la consideración del coste de oportunidad en términos de desarrollo y progreso humanos para pueblos enteros sin acceso a servicios básicos. El FMI, la OCDE, el G-8, la revista The Economist o el diario Financial Times, que hablaba de deudas morales con los millones de pobres de África subsahariana, han subrayado esta realidad, señalando que sin una ruptura del presente sobreendeudamiento no cabe imaginar un horizonte de progreso: el discurso, las palabras, son ya asumidos por todos. Sólo falta la acción, el paso que siempre se atraganta a quienes han de decidir. Baste recordar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, los compromisos de la cumbre de Copenhague, los acuerdos sobre emisiones de CO2...

Se corre el peligro de que se reproduzcan los esquemas del pasado: 15 años de soluciones ineficaces en apariencia sinceras. Para entender el porqué de esta realidad es preciso leer la letra pequeña, mirar los "supuestos de partida" y su realismo. Hasta ahora se perdonaba deuda externa que de hecho no se estaba pagando. Nicaragua representa un caso paradigmático; su deuda externa se ha reducido de 12.000 a 6.000 millones de dólares entre 1990 y 1998, pero ha seguido pagando cifras semejantes cada año. La diferencia es que en 1998 apenas incurría en atrasos, pues tenía capacidad para pagar el vencimiento, mientras en 1990 tan sólo pagaba el 50%, y acumulaba atrasos. Esto nos lleva a la diferencia radical entre los valores nominal y real de las deudas existentes; valga como ejemplo la entrada en los mercados secundarios de la deuda exterior de Burkina Faso en 1997: su precio de venta fue el 8% del valor nominal.

El mayor riesgo existente en Colonia es la distancia entre las palabras y los hechos: las medidas deben ser como las premisas, ambiciosas. Dada la complejidad del entorno negociador y de las condiciones a tratar, es fácil que medidas de escasa relevancia sean ofrecidas a la opinión pública como grandes avances. Un nuevo tratamiento del Club de París que aumentase el umbral de condonación hasta el 90% de la deuda elegible (alrededor de un tercio de la deuda total) resultaría escasamente relevante. Cuando Uganda recibió una reducción del 80% de su deuda elegible, supuso tan sólo alrededor de un 17% de toda su deuda. Una decisión de condonar un elevado porcentaje de la deuda de los países más pobres, haciendo efectivos los mecanismos existentes y aportando los recursos oportunos, sí sería un salto cualitativo que supondría una mejora sustancial para cientos de millones de personas. Ya Egipto, en 1990, recibió una condonación inmediata; es éste un buen precedente que pone sobre la mesa que no hay limitaciones insuperables cuando existe la voluntad política de actuar.

Los ministros de Finanzas del G-8 pueden, en definitiva, darnos gato por liebre con nuevos tratamientos poco sustanciales, o pueden tomar una determinación política firme que no aplace el problema, con una decisión ejecutiva inmediata. Los que observamos esta realidad debemos mantener nuestro juicio frío, constatar una decisión profunda o de escasa relevancia -aunque para saberlo es preciso prestar atención a la letra pequeña- y tratar de explicar en profundidad lo acordado. James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, anunció en septiembre de 1996 que la iniciativa para reducir la deuda de los países más pobres y endeudados lanzada entonces por el FMI y el propio Banco Mundial suponía "buenas noticias para los pobres del mundo", algo que hasta ahora no ha resultado cierto. En Colonia, dicha iniciativa será el punto de partida de la discusión, pero no existen garantías, aunque sí señales, de que se vayan a producir avances sustanciales. Las palabras del canciller Schröder, de Clinton, Blair o Chirac de las últimas semanas son indicadores positivos, pero no garantizan la acción necesaria. De no producirse ésta, lo menos que la opinión pública merece es conocer la realidad y evitar triunfalismos infundados.