El Gobierno prevé reformar hoy la Ley de Defensa de la Competencia

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que fijará un nuevo marco legal que permitirá un mayor control de las concentraciones de empresas y una drástica vigilancia de las ayudas públicas a sectores y compañías que conceden las administraciones. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá actuar de oficio en este campo. También impone unas mayores multas a las entidades que vayan contra la libre competencia.

El texto, que fue estudiado en el Consejo de Ministros del pasado día 7 de mayo y que ahora comenzará su trámite parlamentario, supone importantes cambios sobre la actual Ley de Defensa de la Competencia de 1989. Según han precisado fuentes oficiales, esta reforma normativa es absolutamente necesaria en el actual momento de creciente mundialización de los mercados y con un intensísimo proceso de compras y alianzas en los diferentes sectores económicos. A juicio del secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, uno de los impulsores del nuevo texto, se trata de "rellenar las grietas que hemos detectado con el paso de los años y los nuevos casos en el terreno de la competencia". El texto definirá de forma clara la coordinación entre las autoridades de la competencia española y las comunitarias e impide que se sancione a una empresa si está en marcha un procedimiento comunitario, al tener prioridad la Comisión Europea.

Una de las novedades que tendrá más efectos prácticos es la obligatoriedad para las empresas de notificar las fusiones y concentraciones siempre que la operación suponga concentrar el 25% del mercado nacional de ese sector o si el volumen de ventas de las firmas implicadas supera los 40.000 millones de pesetas. Si eluden esta obligación, serán sancionadas con una multa de cinco millones, más otros dos millones por cada día de demora.

Al Tribunal de Defensa de la Competencia se le faculta para que de oficio investigue las ayudas públicas recibidas por cualquier administración pública. El Tribunal puede llegar incluso a suprimir estas ayudas si no se ajustan a la libre competencia. Asimismo, el Tribunal de la Competencia podrá ingresar dinero a través del cobro de tasas. Estas tasas las pagarán las empresas que estén implicadas en procesos relacionados con el Tribunal. La ley le permite cobrar 100.000 pesetas por cada autorización singular que conceda y habrá una segunda tasa por el estudio de las operaciones de concentración, por el 0,05% del volumen de la operación.