Amnistía Internacional denuncia torturas racistas por parte de agentes policiales españoles

El informe anual de Amnistía Internacional (AI) presentado ayer centra su capítulo dedicado a España, al igual que el pasado año, en la guerra sucia contra ETA, las torturas y malos tratos infligidos por agentes cuya misión es cumplir la ley y las agresiones por motivos raciales. Durante 1998 la organización recibió varias denuncias por torturas y malos tratos, entre ellas, algunas procedentes de miembros o simpatizantes de ETA, si bien el informe también destaca a su vez los abusos contra los derechos humanos cometidos por la banda terrorista. David Gramont, detenido por el Cuerpo Nacional de Policía que le entregó a la Guardia Civil, declaró que le habían sumergido en varias ocasiones la cabeza en una bañera llena de agua. José Ignacio Armendáriz Izaguirre denunció, por su parte, que fue sometido a torturas mientras permanecía detenido en régimen de incomunicación en Madrid: "Le pusieron una bolsa en la cabeza, le golpearon varias veces y le obligaron a hacer flexiones". Maite Pedrosa Barrenetxea refiere una violación por parte de guardias civiles, que además "le introdujeron un objeto frío, que según ellos era una pistola, en el ano y la vagina". La organización recibió además informes de agresiones por motivos raciales cometidas por funcionarios del Estado, como la presentada por el marroquí Driss Zraidi que demandó a los Mossos d"Esquadra que "le rompieron un diente durante la detención y después le golpearon repetidamente y le dirigieron insultos racistas". AI denuncia además en su informe palizas sistemáticas y reclusiones en régimen de aislamiento, en ocasiones de hasta tres años, en ciertas zonas de seguridad que disponen de un régimen de vigilancia especial para los presos conocidos como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).

La organización pone también de manifiesto la celebración de varios juicios relacionados con denuncias y malos tratos y tortura, que en ocasiones "revelaron la existencia de largas demoras y una impunidad de hecho". Los agentes que cometieron estos hechos fueron juzgados y condenados "muchas veces tras largas demoras, las condenas fueron a menudo nominales".