El Defensor del Menor halla múltiples deficiencias en los procesos de adopción internacional

A punto de concluir la investigación abierta por la Comunidad de Madrid a la principal agencia privada de adopción de niños rusos por supuestas irregularidades, el defensor del menor, Javier Urra, ha recogido algunas de las quejas que le dieron. La memoria anual de la institución constata la falta de transparencia, el deficiente asesoramiento y alto coste que algunas de estas entidades imponen a las familias, según las quejas que ha tramitado. Y va más lejos al cuestionar los controles que la Administración ejerce sobre ellas. Por ello exige a la Administración más control para que se cumpla la ley.

Las quejas planteadas ante la institución madrileña relativas a la adopción internacional se centraron el año pasado en el funcionamiento defectuoso de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI). Su número es bajo, tan sólo cinco, pero la gravedad de las denuncias ha hecho que Javier Urra tome buena nota. Sobre todas ellas, la memoria destaca "el deficiente asesoramiento ofrecido por las ECAI y la disparidad de información en supuestos idénticos". Pero también la opacidad del proceso: "Desde esta institución se ha constatado, en ocasiones, la falta de transparencia y de información a las familias adoptantes", asegura el Defensor del Menor, que además recoge quejas sobre la falta de profesionalidad de algunas de estas agencias. La memoria no sólo critica el funcionamiento de las organizaciones, también los precios que imponen. "Se ha puesto de manifiesto cómo trámites que hasta el momento podían realizar los propios interesados se han atribuido de forma obligatoria a las entidades", lo que encarece el proceso, asegura, y puede constituir una discriminación. Una de las quejas pone de manifiesto la imposición de exageradas tarifas por servicios inexistentes.

En este sentido el Defensor del Menor recomienda que se permita a las familias llevar a cabo algunos de los trámites necesarios -recopilación y legalización de documentos- bajo la supervisión de las ECAI. Y pide a la Administración que, igual que en 1996 delegó la mediación para la adopción internacional en estas organizaciones, estudie ahora la forma de que éstas reciban ayudas "económicas o de otro tipo" para hacer frente a su trabajo.

Si ese "descontento de los ciudadanos" va dirigido fundamentalmente contra las agencias, pesa también sobre los hombros del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), encargado de su acreditación, seguimiento y control. Las quejas "obligan a cuestionarse si los controles llevados a cabo por la Administración son lo suficientemente estrictos", asegura la memoria.

De hecho es a la Administración a quien Javier Urra pide más cuentas. En primer lugar, porque la adopción internacional dispone desde 1996, cuando se aprobó el decreto de acreditación de las agencias y la ley del menor, con "un marco [legal] adecuado", por lo que bastaría con cumplir a rajatabla estas normas, así como el Convenio de La Haya, para evitar adopciones irregulares o deficiencias a lo largo del proceso. Urra recuerda que este convenio exige el control público de las entidades para "prevenir el tráfico de niños".

Manual de uso

La solución propuesta por el Defensor para atajar las posibles irregularidades es que el IMMF aumente y haga más eficaces los controles, tanto durante el proceso de acreditación de las agencias como a lo largo de su existencia. Para ello, sugiere, este organismo podría poner en marcha cursos de formación del personal de las agencias, para que todas actuaran de forma homogénea, e incluso elaborar un manual de consejos y recomendaciones. Con la adopción nacional de niños sanos parada desde hace años, cada vez más madrileños optan por otros países para convertirse en padres. De hecho ya hay 22 de estas entidades acreditadas por la Comunidad de Madrid. Todas ellas, con la ley en la mano, están obligadas a inscribirse en un registro, no tener ánimo de lucro, regirse por el objetivo de la protección de los menores y disponer de los medios materiales y personales adecuados. La única disculpa que encuentra el Defensor para explicar los fallos detectados es la poca experiencia con la que cuentan estas entidades. Y la Administración en su vigilancia. Pero este hecho "no puede excusar de ningún modo la falta de profesionalidad". Por eso, la oficina del Defensor está llevando a cabo "un atento seguimiento" de la forma de actuar de las ECAI.

La memoria de la institución será el primer texto que verán los diputados autonómicos elegidos el pasado 13 de junio cuando ocupen sus escaños. Las denuncias hacen referencia a cuatro países: China, Rumania, Venezuela y Rusia. La primera agencia acreditada en este país, la Asociación Internacional para la Protección y Ayuda de los Menores Rusos (AIPAMR) está siendo investigada por la Fiscalía de Menores después de que dos familias denunciaran supuestas irregularidades en su forma de actuación. Otras 30 presentaron quejas ante el propio IMMF, que ha suspendido sus trabajos en Moscú y tiene pendiente decidir si renueva su acreditación. Incluso si decide no hacerlo, la agencia debe acabar el trabajo empezado: 150 familias están pendientes de acabar sus procesos con ella.