Economía impone concursos de telefonía en todos los ministerios para ahorrar costes

El Ministerio de Economía se ha propuesto aprovechar la competencia entre compañías de telecomunicaciones para ahorrar costes en la Administración. De hecho, varios departamentos, entre ellos el de Rodrigo Rato, ultiman la convocatoria de concursos para ceder la gestión de las comunicaciones ministeriales, que en conjunto representan más de 300.000 millones de pesetas al año. Con todo, la falta de coordinación entre departamentos y la escasa preparación de los encargados de la materia en alguno de ellos amenaza el éxito que Economía esperaba conseguir con la puesta en marcha del acuerdo interministerial sobre actuaciones en materia de compras públicas en los nuevos mercados liberalizados.

A instancias del Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros ha encargado a todos los departamentos la elaboración de informes. Éstos deben estar concluidos y en poder de la Dirección General de Patrimonio antes de que termine este mes, y antes de final del año elevará al Consejo una propuesta. Algunos departamentos, sin embargo, han preferido no esperar y, aprovechando la feroz competencia en el sector de las telecomunicaciones, han puesto en marcha los mecanismos para la convocatoria. La iniciativa en el área de telecomunicaciones, que no se corresponde con otras similares en electricidad, por ejemplo, se justifica, no sólo por el creciente interés que despierta el sector entre los responsables ministeriales -hay una verdadera pugna por liderar la llamada sociedad de la información-, sino también por la magnitud del gasto en estas tecnologías sobre el conjunto del dispendio de la Administración (un 25% del total).

Concursos en marcha

El más avanzado de los concursos es el del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene pendiente de adjudicación la gestión de las transmisiones de voz y datos a una empresa externa. El contrato tiene un valor cercano a 1.400 millones de pesetas para los próximos tres años, con lo que incumple el acuerdo interministerial del pasado marzo en el que se establecía que "en los contratos que se celebren [mientras se completan los informes para Patrimonio] (...) se estipularán cláusulas que determinen una vigencia de los mismos que, salvo causas expresamente justificadas, no exceda el 31 de diciembre del año 2000". Para gestionar la telefonía fija de Medio Ambiente compiten Telefónica y Retevisión; para la móvil, Telefónica y Airtel; por la transmisión de datos y los servicios de Internet sólo ha mostrado interés Telefónica; y por los buscapersonas, Sistelcom.

También Sanidad y Economía tienen muy avanzado el diseño, gracias a la iniciativa del cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado, se han dado los pasos más importantes para aprovechar la competencia.

En el caso de Economía, que cuenta con una de las infraestructuras de transmisión de datos más avanzados, lo que se pretende es mejorar la interconexión entre los distintos departamentos dentro y fuera de España y aprovechar la red de datos para la transmisión de voz a un coste inferior al actual. El concurso, a punto de convocarse, alcanza un valor cercano a 1.500 millones de pesetas. Aunque con otros objetivos, Interior convocó recientemente un concurso para mejorar las comunicaciones móviles digitales de Policía y Guardia Civil por más de 35.000 millones de pesetas. Al concurso, declarado desierto en primera instancia, se presentaron Telefónica, Retevisión y Airtel.

La experiencia adquirida en estas primeras convocatorias ha de servir para que Patrimonio trace las líneas de actuación futura. En ese sentido, los ministros de Industria, Josep Piqué, como impulsor del foro para la Sociedad de la Información, y el de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, como responsable del Consejo Superior de Informática, han recibido quejas de los funcionarios agrupados en la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (ASTIC). Los especialistas critican la falta de coordinación entre departamentos, el exceso de politización de las decisiones y el hecho de que la gestión de los recursos tecnológicos se haya venido desarrollando por unidades administrativas que normalmente carecen del nivel de especialización técnica.