La presidenta de la Audiencia dice que no hay "ninguna mano negra" tras la suspensión del juicio de la brasileña

La presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Ana Isabel Iracheta, negó ayer que exista "ninguna mano negra" tras la decisión de suspender el juicio contra dos policías por malos tratos a la brasileña que fue violada en comisaría, que estaba señalado para el próximo lunes. Iracheta indicó que en el auto que se notificará a las partes la próxima semana se explica expresamente que la causa de la suspensión del proceso judicial es un error de forma que ha provocado la nulidad y la consecuente suspensión. El auto, redactado por la Sección Primera de la Audiencia, la misma que juzgará a los dos gentes, indica que el juez de instrucción no dio traslado a la Fiscalía para que presentara el correspondiente escrito de calificaciones sobre los hechos en cuestión. Cuando el sumario se convirtió en procedimiento abreviado, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa abierta contra los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía porque entendía que el arresto había sido legal y no se habia demostrado la existencia de malos tratos. Sin embargo, el juez de instrucción, una vez finalizada la investigación y antes del juicio oral, por razones que se desconocen, no dio traslado al fiscal para que calificara los hechos. Por estas razones, y ante la evidente nulidad de actuaciones, la sala ha suspendido el juicio y devolverá al juez de instrucción la causa a fin de que dé traslado al fiscal para que califique, según explicó ayer Iracheta. La fiscal jefe en funciones, María Angeles Montes, y un compañero de la Fiscalía estudiaron a principios de semana el caso. No obstante, se desconoce si el ministerio público tiene previsto ahora variar de posición y presentar acusación contra los dos agentes. Sobre todo con la alarma social creada por la sentencia absolutoria para otros tres agentes, pese a que la Sección Segunda de la Audiencia, en 1998, y recientemente el Tribunal Supremo confirmaron que se había producido la violación en comisaría. Los dos policías inculpados son J.A.P. y E.R.D. El letrado de la acusación particular, en nombre de la denunciante, considera al primero autor de los delitos de detención ilegal y malos tratos, y pide seis años de prisión menor e inhabilitación y ocho años de suspensión de cargo. Al otro acusado le imputa sólo el segundo delito y solicita seis años de prisión menor e inhabilitación especial.