El Gobierno contabilizó en 1996 como ingresos de la Seguridad Social 226.000 millones de más

El Tribunal de Cuentas ha encontrado que la Seguridad Social contabilizó como ingresos en 1996 al menos un 20% más de lo que iba a poder cobrar en realidad por vía ejecutiva. Ese porcentaje equivale a unos 226.000 millones de pesetas, cifra en la que aumentaría el déficit de ese año. El informe, aprobado el pasado 27 de mayo, ha sido criticado en sendos votos particulares de dos consejeros -el responsable del departamento de Seguridad Social, Ciriaco de Vicente, y el de Administración Económica, Miguel Ángel Arnedo- que rechazaron su redacción y lamentan la "ambigüedad" y "enmascaramiento" que produce de la verdadera situación financiera de la Seguridad Social.

El voto particular redactado por el responsable del departamento de Seguridad Social en el Tribunal de Cuentas contiene un severo alegato contra lo que él considera "enmascarar" la verdadera situación económica y patrimonial de la Seguridad Social. Y advierte de que "se coloca a las Cortes en situación de desinformación sobre la auténtica situación financiera de la Seguridad Social, pues, a la vista del informe la Seguridad Social estuvo, al 31 de diciembre de 1996, aparentemente próxima a una posible autofinanciación por autogeneración de recursos, lo que no fue cierto".Ese ocultamiento de las verdaderas necesidades de financiación de la Seguridad Social adquiere más trascendencia en este momento, según el autor de ese voto particular, por cuanto la sobrevaloración de los ingresos de 1996 ha continuado en 1997 y 1998, desajuste que adquiere más gravedad desde la perspectiva de que el año que viene toca renovar el Pacto de Toledo.

La aprobación de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, remitido ayer al Congreso, estuvo precedida de la primera revocación que se produce del informe de un ponente, en este caso Ciriaco de Vicente (PSOE), y ha concitado, también por primera vez, dos votos particulares, es decir, de discrepancia escrita y argumentada, sobre un informe de fiscalización del sector público estatal. La redacción propuesta por el responsable del departamento de Seguridad Social quedó sustituida, tras una votación, por un texto alternativo promovido por la presidenta de la sección de fiscalización, Milagros García Crespo (PSOE), que resumió sus tesis y las de los consejeros Juan Velarde Fuertes (PP) y Eliseo Fernández Centeno (PSOE). La redacción final obtuvo 11 votos a favor y 2 en contra.

El tribunal señala que "se ha constatado la insuficiencia de la provisión para insolvencias, que podría incrementarse, al menos, en un 20% del saldo de deudores en vía ejecutiva". El consejero Miguel Ángel Arnedo (PSOE), ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, reprocha al tribunal que haga esa observación en una nota a pie de página, que no cuantifique esa insuficiencia cuando se le han aportado metodologías para hacerlo, y no haya rebajado, en consonancia, los ingresos de la Seguridad Social correspondientes a 1996. Arnedo calcula en 178.609 millones la reducción de los ingresos que podía hacer efectivos la Seguridad Social por vía ejecutiva. Aunque el tribunal rehúye cuantificar esa cantidad y se ha limitado a señalar un porcentaje (20%), rondaría los 226.873 millones de pesetas, teniendo en cuenta que el saldo de deudores en vía ejecutiva era de un billón ciento treinta y cuatro mil millones de pesetas.. El déficit de la Seguridad Social habría aumentado en la misma cantidad. En 1996 fue el 0,62% del PIB, unos 400.000 millones de pesetas. Las previsiones para insolvencias en 1996 fueron de 567.152 millones Ciriaco de Vicente, ponente de los informes anuales sobre la Seguridad Social desde 1992, detalla en su escrito que su departamento comprobó que el índice medio del cobro logrado por las deudas reclamadas en vía ejecutiva es el del 20,71%, y estima que la sobrevaloración en 1996 de lo que efectivamente llegó a cobrar la Seguridad Social fue de 333.040 millones.

En mayo de 1998, en el debate sobre el estado de la nación, el entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Borrell, afirmó que "el Gobierno ha imputado en 1997 como ingresos tres cuartos de billón de pesetas, como ingresos que son puro cargo en vía ejecutiva, y que, de ellos, 600.000 millones que lucen como ingresos en su liquidación nunca se recaudarán".