La mediatización de la justicia

Los debates del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo de los 23 dirigentes de Herri Batasuna (HB) condenados por el Tribunal Supremo (TS) en noviembre de 1997 a siete años de prisión (todos continúan en la cárcel salvo Idígoras) han sido utilizados para relanzar la escalada política (a la vez partidista y mediática) contra la independencia y el prestigio de las instituciones judiciales. Algunos periodistas se han dedicado durante las últimas semanas a filtrar el borrador de la sentencia preparado por el magistrado Jiménez de Parga, a vaticinar el irremediable apoyo del TC a su propuesta de rechazar el amparo y a responsabilizar al presidente Cruz Villalón por el retraso en la adopción del fallo. Sin embargo, tales pronósticos no se han cumplido: el pasado jueves el alto tribunal descartó por mayoría (7 sobre 12) el texto de Jiménez de Parga y designó a un nuevo ponente para elaborar una propuesta alternativa de sentencia que, muy probablemente, anulará el fallo del TS y pondrá en libertad a los condenados.El Diccionario de la Real Academia Española atribuye al verbo "mediatizar" el significado de "intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones". El creciente uso del término "medios" para traducir la expresión anglosajona mass media abre el camino a una acepción redundante de la palabra: la campañas de prensa, radio y televisión dirigidas a restar autonomía a las instituciones públicas mediante la amenaza o el halago. Hace año y medio, la presión más intimidatoria sobre el TS en vísperas del juicio oral de los dirigentes de HB procedió de los partidos y de los medios que apostaban por la absolución de los procesados; en el amparo ante el TC, en cambio, el protagonismo del acoso sobre los magistrados está correspondiendo a los defensores del rechazo del recurso y de la confirmación del fallo condenatorio.

Esta sectaria estrategia político-partidista de mediatización del TC maneja sólo criterios políticos y desprecia las razones jurídicas en favor de la coincidencia o de la discrepancia con la sentencia recurrida; quienes respaldaron en su día desde un punto de vista jurídico-penal la condena por el TS de la Mesa de HB (sirva de ejemplo mi columna publicada el 3 de diciembre 1997) no pueden descartar que la lectura de la eventual sentencia del TC -"intérprete supremo de la Constitución"- aceptando el amparo les haga cambiar de criterio. Pero la artillería mediática para forzar a los magistrados del alto tribunal a suscribir las tesis de Jiménez de Parga no utiliza como munición argumentos jurídicos, sino improperios e insinuaciones.

Hace dos semanas, Isabel San Sebastián explicó la resistencia de los colegas de Jiménez de Parga a secundar sus tesis contrarias a la aceptación del amparo por el dictado del temor: "Más de un magistrado tiene miedo, miedo físico y real, miedo puro y duro" (Abc, 20 de mayo de 1999). Tras el cambio del ponente, la periodista acusa a los miembros de la mayoría de lavarse las manos como Poncio Pilatos: esos magistrados son conscientes de que su cobardía "va a lanzar a la calle a un puñado de terroristas" (Abc, 31 de mayo de 1999). Otro periodista próximo al PP pone la guinda sexista al argumento del valor: "Manuel Jiménez de Parga -concluye Carlos Dávila- se ha portado en la ocasión como un machote, pero su arrojo no ha valido de nada" (Abc, 30 de mayo de 1999). De creer a Isabel San Sebastián, los magistrados del TC indóciles a la mediatización mediática sobre el sentido de su voto "no sólo tienen miedo a los terroristas, sino que están librando mezquinas batallas políticas"; tal vez su propósito sea "desgastar al Gobierno" en vísperas de las elecciones del 13 de junio o endosarle el "amargo cáliz" de asumir dentro de unos meses la decisión política de excarcelar a los condenados. Ni siquiera faltan quienes explican la miseria física y moral de esos siete magistrados por su deuda de gratitud con los socialistas que les votaron para el cargo: ¿qué decir, entonces, de Jiménez de Parga, nombrado digitalmente miembro del TC por el Gobierno de Felipe González y propuesto un año antes -sin éxito- por el PSOE para Defensor del Pueblo?