Los peritos desmontan pieza a pieza la defensa de la Operación Carburos

En su segunda comparecencia en el caso Banesto, los peritos judiciales, inspectores del Banco de España Juan Román y Juan Carlos Monje, procedieron ayer a desmontar pieza por pieza el andamiaje montado por la defensa de los cuatro acusados (Arturo Romaní,Mario Conde, Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel) de la apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas.

Antes de entrar en la Operación Carburos, los peritos fueron preguntados por la Operación Oil Dor, en la que están acusados Romaní, Conde y Rafael Pérez Escolar de una presunta estafa (886 millones los dos primeros y 638 millones el último). Los peritos explicaron que mientras la sociedad utilizada por Conde y Romaní adquirió las acciones del proyecto Oil Dor (red de gasolineras) en mayo de 1992 a 10.000 pesetas cada una, la Corporación Banesto pagó días después treinta veces más, esto es, 300.000 pesetas por cada título. "Todos son iguales menos la Corporación, porque es el pagano", explicó Juan Román. "Entre una y otra compra nada había ocurrido que pudiese justificar un precio treinta veces mayor", añadió.Siguió la llamada Operación Carburos. Monje y Román explicaron que había dos operaciones que se querían conectar y sobreponer. Una tuvo lugar en 1989. Se trató de la emisión de bonos subordinados por parte de Banesto con warrants (derechos) incorporados sobre acciones de Carburos Metálicos. Éstos fueron suscritos por la firma Euris, donde participaba Hachuel. Más tarde, el 9 de marzo de 1990, los warrants fueron recomprados por Cartisa (grupo Banesto). Hachuel-Euris obtuvieron por lo que Román y Monje llaman una fiducia o aparcamiento más de 1.107 millones de pesetas en siete meses. Pero, advirtieron, el asunto que se enjuicia es otro: el pago de 1.344 millones de pesetas (18,6 millones de francos suizos) en abril de 1990 por la multinacional Air Products en contrapartida de una opción del 5,9% del capital de Carburos Metálicos, donde ya poseía un 24,8%.

"El dinero debía entrar en Banesto, y Air Products creyó que pagaba a Banesto en Suiza, por instrucciones de Romaní. Pero el dinero fue a la cuenta de la sociedad Mariella Real Estate Holding Establishment. Air Products lo envió con la referencia del abogado Peter Widmer, que trabajaba para Hachuel y que era el vicepresidente del NMB Bank", dijo Román. "Los documentos aportados por la multinacional son concluyentes", señaló.

El abogado Juan Sánchez-Calero, defensor de Conde, intentó confundir, cuando no enredar, al testigo con unas artes más propias de alguno de sus compañeros de estrado. Fue tanto más evidente cuando, por ejemplo, se refirió a un documento aportado por Hachuel, una carta confidencial de este último a Conde de julio de 1974, y que ha sido mencionada por los peritos y por la policía judicial.

Allí se menciona a Mariella, filial de J. Capital, otra sociedad de Hachuel, como sociedad que "canalizó para la Corporación la operación Air Products diseñada por ti y Arturo". Sánchez-Calero preguntó a los peritos por qué habían omitido la referencia a la sociedad J. Capital y si ello no era en razón de que en otro documento se mencionaba a la misma en relación con la operación de warrants de 1989. Los peritos señalaron que su cita no era literal y que lo esencial era la "amenaza de Hachuel a Conde de revelar el secreto de Mariella". Ante las defensas de Pérez Escolar y Romaní, los peritos explicaron con detalle la secuencia de las dos operaciones, la de 1989 y la de 1990, e insistieron en que los 1.344 millones debieron ingresar en Banesto por la venta de la opción. "No sólo ni principalmente era el 5,9% lo que buscaba Air Products. Había una cláusula importante: la modificación de los estatutos de Carburos. Por eso pagaron".

Hoy terminará el capítulo Carburos con las preguntas de la defensa de Hachuel.