Confusión reveladora

La ex ministra de Agricultura y candidata al Parlamento Europeo por el PP, Loyola de Palacio, dio ayer, a propósito del escándalo de las subvenciones al lino, una lección de confusión entre ética y estética que no tiene desperdicio, ni siquiera en el ámbito más bien elástico de una campaña electoral. En su opinión, "se podría discutir sobre la estética y la conveniencia o no de establecer incompatibilidades" entre el desempeño de altos cargos en Agricultura y la percepción de subvenciones; pero actualmente "no existen dichas incompatibilidades", concluyó la ex ministra, quizá temerosa de haber ido demasiado lejos al admitir el debate sobre el establecimiento de una incompatibilidad drástica en el futuro, que, por cierto, ya debería estar políticamente planteada y en marcha. De la relajada interpretación de Loyola de Palacio se desprende que notables perceptores de subvenciones, como Nicolás López de Coca, ex presidente del FEGA, o Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa, habrían dimitido por estética al descubrirse y hacerse pública su dedicación a tiempo parcial a la caza de primas por la producción de lino.Loyola de Palacio debería saber (el código ético del PP establece el compromiso de "no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas") que percibir subvenciones agrarias cuando se ocupa un alto cargo de Agricultura no es una cuestión de estética, sino de ética pura y simple: la ética voluntaria de la que se ha dotado el Partido Popular. Quizá la ministra se haya equivocado y quiera decir en realidad que la abusiva percepción de dinero público por parte de altos cargos ventajosamente situados para acceder a él es legal, aunque no ética desde el punto de vista del código del partido, que dice que "el PP entiende que no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no asume un compromiso de autoexigencia".

Cuando la ex ministra defiende que sus funcionarios sean "agricultores a tiempo parcial" o el alcalde de Madrid, sorprendido con el 5% del capital de una inmobiliaria, se escandaliza de que los políticos no puedan invertir tranquilamente sus ahorrillos, están legitimando la utilización de la influencia pública para aumentar la rentabilidad de los patrimonios privados. Éste es un modus operandi muy querido por la derecha tradicional que el Partido Popular no ha logrado corregir a pesar de sus proclamas estatutarias.