Pesadilla burocrática no apta para pensionistas

La pesadilla burocrática empezó hace más de dos años para Ángela M.C. Justo en el momento en que la Seguridad Social le comunicó que le retiraba el complemento de mínimos de su pensión de viudedad porque sus rentas eran superiores a lo que exigía la ley en ese momento (803.000 pesetas anuales, aparte de la pensión). El recurso que presentó en el otoño de 1996 no prosperó porque estaba justo en el límite de ingresos, y su pensión, hasta entonces de 27.168 pesetas al mes, se vio reducida a 6.222 pesetas mensuales limpias. El resto eran descuentos por lo que tenía que devolver de los cinco años anteriores, y que le serán mermados de su pensión a lo largo de otros cinco años.La sorpresa más desagradable llegó cuando al año siguiente la Seguridad Social le mandó el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), incluyendo todas las percepciones teóricas de la pensión, es decir, también los descuentos que estaba devolviendo. Ese certificado es el que se debe presentar a Hacienda, y por tanto tenía la obligación de tributar de nuevo por esas cantidades, pese a que ya lo había hecho cuando realmente las cobró en los cinco años precedentes.

A partir de ahí continuó un camino más tortuoso. Su delegación de Hacienda le obligó a presentar cinco declaraciones complementarias, un trámite complicado que no facilita la Administración y en el que habitualmente hay que recurrir a gestorías especializadas, previo pago de los emolumentos.

Ángela M.C. presentó sus cinco declaraciones complementarias de los años 1992 a 1996, y esperó pacientemente hasta que Hacienda le devolvió las cantidades que había tributado por dos veces. En total ha recibido 271.686 pesetas, acompañadas a los pocos días de una sorpresa: le abren cinco procedimientos sancionadores, con cinco sanciones de 23.500 pesetas cada una, por haber presentado esas declaraciones fuera de plazo.

El recurso que va a presentar tiene todos los visos de prosperar y de ganarlo, y es posible que ahí acabe el complicado laberinto de papeleos en el que han metido a Ángela M.C. la Seguridad Social y Hacienda, y que ella ha podido recorrer porque su hijo José Luis R.M. sabe algo de leyes y de fiscalidad.

Una información y una ayuda que previsiblemente no han tenido los 100.000 pensionistas a los que se les ha retirado, o reducido, el complemento de mínimos en los años 1997 y 1998, la gran mayoría del medio rural y una parte de ellos analfabetos.

La retirada se produjo tras cruzar las declaraciones de la renta con los datos en poder de la Seguridad Social. Ese colectivo supone el 5% de los más de 2,5 millones de pensionistas que cobran por ese concepto, y pertenecen en su mayoría a los regímenes especiales de autónomos, agrario y empleados de hogar. La mayor parte son de Cataluña y Andalucía. Unos 200 pensionistas contaban con patrimonios superiores a cinco millones de pesetas, y un payés (agricultor catalán) llegaba a los 250 millones de pesetas. El resto está en el límite de lo que fija la ley: no pueden recibir complemento de mínimos quienes en 1998 contaran con unos ingresos superiores a las 822.824 pesetas anuales, además de la pensión. Por tanto es un colectivo con rentas suficientes para tener que tributar.

Esos pensionistas se han visto obligados a devolver a la Seguridad Social un importe total de 36.000 millones de pesetas correspondientes a quienes se les retiró el complemento en 1997, y de 15.000 millones en 1998, con cantidades individuales que oscilan entre las 300.000 pesetas y los dos millones. Además, una gran mayoría de los 100.000 pensionistas afectados, por falta de información, ha tributado por esas cantidades dos veces a Hacienda, siempre que haya cumplido con sus obligaciones fiscales.

La Seguridad Social y Hacienda así lo han confirmado, y aseguran que todos esos trámites son correctos y legales. La Administración se ha limitado a aplicar sus normas.

María Eugenia Martín Mendizábal, directora general de la Seguridad Social, asegura que el sistema público debe mandar a los 7,9 millones de pensionistas el certificado para Hacienda "con todos los ingresos brutos", sin especificar los descuentos que se hayan podido aplicar por embargos judiciales, sentencias, pago de pensiones alimenticias o por cantidades que haya que devolver a la propia Seguridad Social. Asimismo afirma que es "imposible enviar comunicaciones individuales y personales, año por año, con el tratamiento de sus rentas".

La Seguridad Social no tiene datos de cuántos de esos 100.000 pensionistas están tributando por dos veces a Hacienda, aunque reconoce que puede ser "una parte importante". Presumiblemente no lo han hecho las personas que han devuelto el complemento de mínimos de una sola vez, que sí han tenido información detallada de las cantidades percibidas que corresponden a cada uno de los cinco años anteriores, o quienes hayan solicitado en las direcciones del organismo público una certificación detallada. La Seguridad Social no ha podido especificar cuántas personas han seguido esos dos tipos de trámites. Para facilitar el camino a los pensionistas que están pagando indebidamente a Hacienda, María Eugenia Martín Mendizábal les recomienda "que acudan a las direcciones provinciales de la Seguridad Social a solicitar un certificado con la información detallada de las cantidades que se les están descontando, y que luego tienen que presentar en Hacienda para las declaraciones complementarias". La directora general les hace una petición: "Que confíen en nosotros".

Hacienda no tiene datos de los pensionistas que han presentado declaraciones complementarias, aunque en este caso cuenta con un procedimiento más sencillo del que se le ha exigido a Ángela M.C. Los afectados deben presentar una "devolución de ingresos indebidos", junto con el certificado de la Seguridad Social, y en la propia administración de Hacienda se les hará una liquidación de las cantidades a recuperar por el pensionista.

Con ello se ahorrarán el tener que realizar las cinco declaraciones complementarias y el susto posterior de que les abran un expediente sancionador.