La abogacía catalana pretende una regulación al margen de la española

Los más de 25.000 abogados que están colegiados en Cataluña tendrán una regulación propia de la profesión al margen del vigente Estatuto General de la Abogacía, de aplicación en toda España. La iniciativa fue presentada ayer y se aprobará en el II Congreso de la Abogacía Catalana, que se celebrará en Tarragona del 29 de septiembre al 2 de octubre. La ponencia marco que se debatirá asegura que la normativa estatal está "anclada en el modelo del abogado del siglo pasado" y que hace falta una regulación "moderna y sistemática".

El congreso de Tarragona está organizado por el consejo que agrupa a los 14 colegios de abogados que hay en Cataluña y que preside Jaume Alonso-Cuevillas, decano de Barcelona. En su opinión, de ese encuentro surgirá "una norma flexible que autorregulará la abogacía catalana". La ponencia marco que se debatirá en el congreso asegura también que muchos apartados de la normativa española son "letra muerta" y que el desfase aumentó con la entrada en vigor, en 1997, de la Ley de Colegios Profesionales, en la que se establece la libre competencia en servicios y fijación de remuneraciones. Derecho estatal supletorio La ponencia afirma igualmente que el estatuto de la abogacía no representa ningún límite para los colegios catalanes, porque no es una norma básica. Por eso, asegura, se seguirá aplicando en todo aquello que no prevea el código catalán, en virtud del principio de supletoriedad del derecho estatal respecto del autonómico. El texto del Código de la Abogacía Catalana que surja del congreso se presentará a la Generalitat para su aprobación a través de una orden del Departamento de Justicia o bien de un decreto del Gobierno catalán. La Administración autonómica tiene plenas competencias sobre colegios profesionales y siempre ha visto con muy buenos ojos la iniciativa de esa desvinculación. Alonso-Cuevillas fue ayer muy ilustrativo al afirmar que, cuando se apruebe el nuevo código, la normativa española será tenida tan en cuenta "como las normas europeas". Las subponencias del congreso analizan también otros 16 temas. En el referido a los requisitos para acceder a la abogacía, se propone la obligatoriedad de superar una pasantía de dos años y unos cursos en una escuela de práctica jurídica, seguidos de un examen. Actualmente, España es el único Estado de Europa en el que basta la licenciatura en Derecho para ejercer la abogacía. En cuanto al turno de oficio, se reclama una remuneración equivalente al 80 % de los honorarios fijados por cada colegio. También se propone incorporar al nuevo código la liberación de las normas de publicidad que aprobó el Colegio de Barcelona en 1997. En cuanto a la normalización lingüística, la ponencia asegura: "Hemos de ser capaces de atender en la lengua propia de Cataluña", y reivindica la mutua catalana como la "propia" de los abogados, aunque respetando la voluntad de escoger también la mutua de ámbito español.