Economía abre expediente a los colegios médicos por los precios de los certificados

Para obtener un certificado médico, los ciudadanos españoles deben empezar por pagar entre 348 y 2.000 pesetas por un impreso editado por el colegio médico de su provincia. Un dictamen del Consejo de Estado y tres sentencias del Supremo establecen que los colegios no deberían cobrar por los impresos más que el coste de su edición y distribución, que ronda las 100 o 200 pesetas. La Dirección General de Defensa de la Competencia, perteneciente al Ministerio de Economía, ha aceptado a trámite la denuncia de un particular sobre este asunto y ha decidido abrir expediente sancionador contra ocho colegios provinciales y contra el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Los ciudadanos se ven obligados a adquirir impresos de certificados médicos -en España se emiten unos 10 millones al año- en numerosas situaciones: para que les admitan al niño en una guardería o en una escuela, para ingresar en la Universidad, para viajar a ciertos países, para acceder a una pensión, obtener ciertos títulos y tramitar actas de defunción y permisos de exhumación, entre otras muchas circunstancias. Los colegios médicos de cada provincia son los que editan esos impresos. Y también los que deciden sus precios, con una gran liberalidad de criterio (véase gráfico).Estos precios se refieren exclusivamente a la adquisición del impreso. Los costes de las pruebas médicas necesarias para cumplimentar luego el certificado deben ser independientes, según el dictamen del Consejo de Estado del 12 de enero de 1984, que explicita: "Debe descartarse radicalmente que el importe del impreso pueda imputarse a la retribución de la actividad facultativa desarrollada por el profesional médico que expide las certificaciones".

No todos los colegios provinciales aducen el cobro de honorarios médicos para justificar el precio de los impresos. Algunos apelan, en unos sellos o taloncillos adheridos al impreso, a conceptos variables, como "contribución al patronato de viudas y huérfanos", "reconocimiento de firma", "porcentaje de honorarios mínimos profesionales" y otros similares.

Los colegios a los que ahora se abre expediente "por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas" son los de Baleares, Cantabria, Girona, Cádiz, Huelva, Guipúzcoa, Castellón y Alicante. Sin embargo, Defensa de la Competencia deja abierta la vía para ampliar la actuación a "cualesquiera otras personas o entidades que pudieran aparecer vinculadas con los hechos denunciados".

La restricción del expediente a esos ocho colegios se debe al carácter parcial de la denuncia que lo ha provocado, pero Defensa de la Competencia puede actuar de oficio para ampliar el expediente a cualquiera de los 52 colegios médicos españoles. Al menos en 23 provincias, esos precios son superiores a las 500 pesetas, y al menos en 15 de ellas superan las 1.500 pesetas. Todos estos montos están muy por encima del coste de la edición y distribución del impreso, que es lo que deberían cobrar los colegios, según el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Sanidad.

Por estos sobrecostes, los colegios españoles ingresan cada año entre 300 millones de pesetas (según admiten fuentes del Consejo) y 800 millones (según una querella presentada por el abogado madrileño José Ignacio Corman).

Sanciones económicas

El expediente deberá resolver si los colegios oficiales están violando la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. Los colegios médicos tienen la exclusiva sobre la edición de los impresos -con la excepción de los certificados para el permiso de conducir y la licencia de armas, que ya fueron liberalizados tras otras denuncias- y deciden los precios de los certificados sin el permiso administrativo que se requiere normalmente para fijar cualquier precio regulado.

El expediente abierto por Defensa de la Competencia puede dar lugar a sanciones económicas hasta un máximo de 150 millones de pesetas por cada colegio provincial y otro tanto por su organismo coordinador, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Este diario intentó anteayer y ayer, sin éxito, recabar la versión de algún responsable del Consejo General. Sin embargo, ese organismo ha expresado en varias ocasiones, desde noviembre pasado, su postura ante el asunto. La organización colegial considera que nadie -ni los tribunales ni el Gobierno- ha anulado o derogado la normativa que habilita a los colegios para fijar el precio de los certificados.

El Consejo admite que el precio de los impresos está "pendiente de autorización por el Ministerio de Economía y Hacienda". En cualquier caso, esa autorización pendiente se refiere a las 348 pesetas que cobran algunos colegios, y no a las cifras más abultadas que cobran muchos otros.

El Consejo considera que tiene atribuida una competencia "expresa y específica" para fijar los precios de los certificados, y asegura que, según sus estatutos, "al Consejo General de Colegios, y previos los trámites legales reglamentarios, corresponde fijar las clases de certificados, el importe de los mismos y su actualización". Todas estas consideraciones siguen refiriéndose a las 348 pesetas.

Financiación colegial

Sobre los precios más elevados de muchas provincias, el Consejo opina que "los colegios provinciales pueden establecer, y así lo hacen, una cuota o carga colegial que repercute sobre los honorarios" del médico. Los estatutos colegiales prevén además que la financiación de los colegios no se base sólo en las cuotas de sus afiliados, sino también en "la participación asignada en las certificaciones, sellos autorizados e impresos de carácter oficial".

Estos argumentos, sin embargo, no parecen convencer a ninguna instancia del Gobierno. En el último año y medio, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha advertido cuatro veces al Consejo General de Colegios Médicos de que no debe cobrar por los certificados más de lo que cuesta su edición y distribución; es decir, unas 100 o 200 pesetas. La apertura del expediente por Defensa de la Competencia indica que tampoco el Ministerio de Economía está persuadido de la legitimidad de los precios de los certificados.