Un caso poco anecdótico

Ni las instituciones ni los sindicatos ni las ONG saben a ciencia cierta el número de trabajadores extranjeros que engrosan la economía sumergida, trabajando sin contrato de ningún tipo y sin cobertura de la Seguridad Social. Pero todos coinciden en que no se trata de un hecho anecdótico.El propio presidente regional del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció en febrero que los inmigrantes que viven en Madrid "sufren discriminación laboral por su condición de extranjeros". Es decir, sueldos más bajos y trabajo en negro.

Una precariedad que afecta a otros muchos autóctonos, pero que en el caso de los extranjeros tiene una consecuencia negativa adicional: sin un contrato laboral no pueden conseguir el permiso de residencia, con lo que quedan abocados a la ilegalidad y tampoco pueden recibir, salvo los niños, la atención sanitaria de la Seguridad Social.

UGT estima que en la región hay unos 3.000 inmigrantes que trabajan sin contrato en la construcción.

En 1998, la Inspección de Trabajo levantó 321 actas de infracción a empresas madrileñas por tener a extranjeros sin contrato. Según portavoces de Trabajo, es el Gobierno regional el que, a partir de la citada acta, y una vez escuchadas las partes, decide si el asunto se resuelve con una sanción o una amonestación.

Lo habitual, según abogados de CC OO, es que la cuestión se salde con una sanción administrativa, aunque el Código Penal incluye la figura del delito contra los derechos de los trabajadores. Este supuesto penal suele aplicarse para castigar el tráfico ilegal de mano de obra de las mafias.

Los sindicatos tienen secciones dedicadas a atender a los trabajadores extranjeros. El problema está en que los afectados, dada su precariedad y, a menudo, su condición de irregulares no denuncian los hechos.