Entre el navarrismo y el vasquismo

El marco de referencia de la campaña electoral para la renovación del Parlamento de Navarra y la elección del nuevo Gobierno de esta comunidad foral va a ser, indiscutiblemente, la política vasca.Unión del Pueblo Navarro (UPN), fusionado con el PP, ha gobernado en esta legislatura desde una estrecha minoría desobedeciendo abiertamente numerosos pronunciamientos del Parlamento y utilizando la amenaza del anexionismo vasco como su más rentable bandera electoral.

UPN, que accedió al poder en 1996 por una carambola del destino tras la caída del tripartito del PSN-PSOE, Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) y Eusko Alkartasuna (EA) debido al descubrimiento de la cuenta suiza del ex presidente socialista Javier Otano, ha mantenido desde su nacimiento, en 1979, una esencial seña de identidad: su radical oposición a cualquier acercamiento de Navarra a la realidad política y social del País Vasco. Y las circunstancias que atraviesa Euskadi engordan ese discurso hasta proporcionarle, según las encuestas, un razonable margen de crecimiento sobre los 17 escaños, de 50, que tiene. A ello contribuirá, parece, el descenso de CDN, la formación del ex presidente navarro Juan Cruz Alli, surgida de una escisión del regionalismo.

En la otra banda, los socialistas, la principal fuerza de la oposición, han dado fin a su particular travesía del desierto cerrando definitivamente las páginas de la corrupción, que hizo caer consecutivamente a dos de sus líderes que fueron, a su vez, presidentes de la comunidad: Gabriel Urralburu y Javier Otano.

Un joven abogado laboralista de 37 años, Juan José Lizarbe, forjado en las filas de la UGT, ha impuesto una drástica renovación en la dirección del partido y ha roto una dinámica de apoyo presupuestario a la derecha foral, heredada de Urralburu, para preparar el asalto a los cuarteles de invierno de UPN y recuperar el Gobierno, aunque no sin haber tenido que vencer en ese camino algunas resistencias en el propio PSN y en la cúpula del PSOE.

Lizarbe y el socialismo navarro se han visto en la tesitura de tener que demostrar explícitamente ante el electorado del centro-izquierda su navarridad para situarse en la cresta de la ola y competir en igualdad de condiciones frente a una derecha víctima del terrorismo y del acoso de los radicales.

Fruto de esa estratégica necesidad de asumir el estandarte de la navarridad surgió la llamada Declaración de Navarra, suscrita en Madrid por Lizarbe junto al secretario general del partido, Joaquín Almunia, y en la que se esbozó su después reiterada promesa de no usar de ningún modo los votos de Euskal Herritarrok (EH) para llegar a la presidencia.

Lizarbe no considera factible pactar con ninguna fuerza nacionalista vasca en las actuales circunstancias para formar un Gobierno progresista y ni siquiera optará al proceso de designación presidencial si para ello tiene que contar con la abstención de los parlamentarios de EH.

En ese mensaje de nítida apuesta por la singularidad institucional de Navarra y el respeto al marco constitucional, el PSN-PSOE rechaza asimismo repetir el experimento fallido de la creación de un órgano permanente de encuentro con Euskadi, una fórmula de relación supracomunitaria que llegaron a aprobar los respectivos Parlamentos con el apoyo del PSOE y que fue la primera iniciativa que paralizó UPN al ocupar el poder en 1996.

La necesidad de prepararse para afrontar una campaña polarizada en la dicotomía vasquismo-navarrismo la notó también IU-EB, que, tras unirse en un primer momento a los firmantes de la Declaración de Lizarra (Estella), decidió abandonar ese foro y abogar por una imagen propia y diferenciada de Navarra y de la táctica de Javier Madrazo en Euskadi.

En este escenario, el mensaje electoral de UPN y Miguel Sanz está claro y se basará en la amenaza de la anexión vasca y la presunta debilidad de los demás partidos para frenarla y defender la integridad territorial de Navarra.

Desde luego, en su haber tiene logros indudables. Entre ellos, la culminación de una batería de traspasos del Estado que sitúa a la comunidad en un techo competencial difícilmente equiparable. Con la asunción de las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y de la Administración de Justicia suma ya 56 materias transferidas, de las que 16 han sido obtenidas en esta legislatura.

No hay que olvidar tampoco la renegociación en 1997 del Convenio Económico, que permitió a Navarra ampliar su autonomía financiera con la gestión de los impuestos especiales, la reforma de la ley del IRPF, aprobando los tipos más bajos de España, o la acertada y pionera política expansiva de una verdadera industria de las energías renovables.

Sanz tiene además una ventaja añadida en su carrera hacia la repetición de mandato. El Amejoramiento del Fuero, el particular estatuto navarro, diseña un sistema automático de elección de presidente que otorga el cargo al cabeza de la lista más votada si los demás candidatos no obtienen las mayorías suficientes.

No se puede disolver la Cámara. Toda ella, incluida UPN, coincide en que hay que anular el procedimiento porque, creado para la estabilidad, sólo ha generado Gobiernos de minoría que no han respondido a la voluntad mayoritaria. Sin embargo, al ser el Amejoramiento una ley pactada con el Estado, hay que negociar cualquier cambio y no ha habido tiempo para ello. De manera que Sanz tiene, en el peor de los casos, la posibilidad de sentarse a esperar la derrota de la oposición en sus intentos de constituir un Gobierno de coalición de progreso y volver a formar uno en minoría que busque el apoyo presupuestario de CDN, por ejemplo, como en la actualidad.