Suspendidos de empleo dos policías que custodiaban a la brasileña violada

La Dirección General de la Policía ha suspendido de funciones temporalmente a los agentes José Luis F. R. y Arturo S. P., que custodiaban los calabozos de la comisaría de Bilbao donde la brasileña Rita Margarete G. fue violada por otro funcionario en 1995. La dirección general entiende que "desde el lugar en que prestaban servicio debieron tener contacto visual con el agresor, infringiendo de manera grave no sólo los deberes de custodia, sino los de colaboración en la investigación de los hechos e identificación del autor de la agresión sexual".

La resolución de la Dirección General de Policía, que supone la suspensión de empleo y sueldo, además de la entrega del arma reglamentaria y la placa-insignia, fue adoptada ayer "teniendo en cuenta el relato de los hechos y la fundamentación jurídica" de las sentencias dictadas por la Audiencia de Vizcaya y el Supremo.En ambas resoluciones judiciales consta que, a la hora en que José Luis F. R. y Arturo S. P. prestaban servicio de custodia en los calabozos, accedió al recinto un tercer policía, "sin que por parte de aquéllos se identificara al citado policía, ni se informara a la superioridad de la visita al lugar en el que estaba arrestada una ciudadana brasileña", según la Dirección General de la Policía.

Además de estas circunstancias, la dirección general señala que ambos agentes "debieron tener contacto visual con el agresor" sexual, ya que era imposible que éste pasara a los calabozos sin ser visto por los centinelas.

La Unidad de Régimen Disciplinario, que abrió en su día el expediente 469/95 por presunta negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones, ha propuesto ahora al director general de la Policía, Juan Cotino, la suspensión de funciones de los dos agentes (uno actualmente destinado en Bilbao y el otro en Córdoba). Ambos han sido absueltos primero por la Audiencia de Vizcaya y después por el Tribunal Supremo, del delito de complicidad del que estaban encausados.

El tercer funcionario incurso en el asunto, Valentín G. G., no puede ser objeto de sanción disciplinaria, ya que estaba expedientado en relación con un hecho constitutivo de delito doloso - como supuesto autor de la violación- del que ha sido absuelto por la Audiencia de Vizcaya y el Supremo. "Al ser declarado inocente del hecho por el que estaba expedientado, ahora ya no se le puede sancionar disciplinariamente", en virtud de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según fuentes policiales.

"La resolución definitiva del expediente se ha producido cuando era viable, es decir, una vez recaída sentencia firme en el ámbito penal" (el fallo dictado por el Supremo el pasado 23 de abril), agregan las mismas fuentes.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró ayer a Onda Cero que la suspensión de funciones de los dos policías "es una primera medida que significará la expulsión del cuerpo". Tras mostrar su "repugnancia" por lo ocurrido, el ministro añadió que la policía "no quiere tener en modo alguno a esos miembros en el cuerpo, aunque sea por negligencia, sospecha o alarma social y que, si no fueron ellos, al menos dejaron actuar o no hicieron lo que debieron".

Declaración general

El Sindicato Unificado de Policía, al que está afiliado uno de los suspendidos de funciones, ha expresado su apoyo a la medida: "Es lo mínimo que se podía hacer", declaró José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del sindicato. Éste anunció que su organización se personará en el expediente y pedirá que se tome declaración a la violada, al que era jefe superior de Policía de Bilbao en 1995, al comisario jefe de la Brigada de Extranjeros y a "todos los agentes que estaban de servicio en la madrugada del 29 de agosto de 1995".

Por contra, un dirigente de la Unión Federal de Policía cree que la medida "es de dudosa validez jurídica", además de que "la cuerda se ha roto por el lado más débil y se encubre a otras redes de explotación de inmigrantes ilegales en Vizcaya". El grupo socialista pidió ayer la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso para que dé explicaciones sobre la violación de la brasileña e informe del número de denuncias sobre actuaciones ilegales ocurridas en dependencias policiales. La Federación de Mujeres Progresistas critica la "impunidad con que se ha recompensado a tres policías de la Jefatura de Bilbao" y expresa su "repugnancia y vergüenza" .