El PSOE exige el fin de la "privatización" de la Sanidad para pactar con el Gobierno

El PSOE recogió ayer el guante lanzado recientemente por el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas: alcanzar un pacto sanitario, similar al que ya funciona para las pensiones. Pero sólo está dispuesto a empezar el diálogo cuando el debate sanitario regrese al Parlamento y el Gobierno rectifique el camino emprendido que, según la izquierda, lleva a la "privatización". Esta opinión es compartida por Izquierda Unida (IU), Nueva Izquierda (NI) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que desde ayer forman un frente común en materia sanitaria.

Fue el diputado socialista Jaime Blanco el que mostró la disposición de su partido a alcanzar un pacto sobre sanidad con el Gobierno. Lo hizo en la sesión de control del Ejecutivo en el Congreso. El PSOE está dispuesto a hablar con el Gobierno sobre el gasto sanitario, las nuevas formas de gestión -fundaciones públicas sanitarias-, y cualquier otro asunto sanitario. Pero recuerda que fue el propio jefe del Ejecutivo, José María Aznar, quien prometió en su discurso de investidura un pacto en este sentido, sin que se haya avanzado nada en los tres años que han pasado desde entonces."Lo que queremos es hacer evidente que en el Parlamento no se habla de Sanidad", había explicado por la mañana la portavoz socialista Ángeles Amador, acompañada por Ángeles Maestro (IU), Cristina Almeida (NI) y Guillerme Vázquez (BNG). La portavoz socialista puso como ejemplo que ninguna de las grandes reformas del PP en materia sanitaria han sido discutidas en el Congreso. Y aseguró que, en un posible diálogo con el Gobierno, irían con la lección aprendida.

La puesta en marcha del hospital de Alzira, gestionado por una aseguradora privada; la reforma del IRPF para beneficiar a las empresas de seguros sanitarios privados; las fundaciones públicas sanitarias, creadas a través de una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado, o el mantenimiento de las empresas colaboradoras de salud -entidades privadas que prestan asistencia a 219.000 trabajadores de grandes empresas- son para estas formaciones pasos claros hacia la privatización del Sistema Nacional de Salud.

Esta tendencia ha sido negada una y otra vez por el ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, la última de ellas ayer mismo en el Congreso.

"El proceso de privatización es casus belli" para la izquierda, en palabras de Ángeles Amador. Por eso, la batalla sanitaria está ya planteada, si bien ayer se quedó en simple escaramuza. La intención de la oposición de izquierdas -PSOE, IU, NI y BNG, que recibieron 12.300.000 votos en las últimas elecciones generales- era presentarse con una sola voz, en el Congreso para exigir al Gobierno, a través de una proposición no de ley que frenara en seco lo que ellos consideran un plan preconcebido para privatizar la sanidad pública.

Para que esto no pueda hacerse realidad, la oposición pide al Gobierno que garantice el sistema sanitario público y se abstenga de adoptar en el futuro el modelo de Alzira.

Estas propuestas forman parte de la proposición no de ley que debían debatir y votar los diputados el martes, en el pleno que fue suspendido por la muerte del socialista Ramón Rubial, por lo que ha quedado aplazada sin fecha.

La unidad de la oposición es, sin embargo, palpable. Las cuatro preguntas que ayer hicieron a Romay Beccaría habían sido acordadas previamente por sus portavoces. Y desde la calle coreaban a su favor un centenar de manifestantes, convocados por estos cuatro partidos, asociaciones de consumidores y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El portavoz de esta última, Marciano Sánchez-Bayle, está convencido de que las medidas adoptadas por el Gobierno llevarán a un sistema desigual, en el que los más débiles saldrán perjudicados. Su organización, que agrupa a alrededor de 10.000 profesionales sanitarios en toda España, pide "un debate abierto, transparente y público" entre el Gobierno, la oposición y los sindicatos antes de adoptar cualquier cualquier medida sanitaria.

Entre los manifestantes podían verse ayer muchas pegatinas de los sindicatos CC OO y UGT. El primero no estaba entre los convocantes y el segundo se sumó a última hora. Ambos se han distanciado en los últimos meses de la oposición, aunque ésta se muestra convencida de que apuestan por la sanidad pública.