Chaves destaca los logros económicos y asegura que la "España subsidiada ya no pasa por el Sur"

El presidente andaluz, Manuel Chaves, esgrimió ayer las medidas sociales adoptadas por la Junta sobre la financiación de medicamentos excluidos de la sanidad pública, el pensionazo y la jornada de 35 horas para proclamar que Andalucía es "pionera de decisiones valientes e innovadoras" y resaltó los avances económicos para asegurar que la "línea de la España subsidiada no pasa ya por el Sur, sino que se ha desplazado hacia otras direcciones". Estas ideas centraron su intervención en el debate del estado de la comunidad, en el que no perdió de vista otra constante de su discurso en esta legislatura: Andalucía quiere opinar sobre las derivaciones del proceso de paz en Euskadi y poner sobre la mesa su propuesta de financiación autonómica.

Chaves empleó un tono moderado en la hora y diez minutos que duró su discurso, incluso cuando recordó los asuntos pendientes con el Gobierno central. El debate, que despertó menos expectación que en ediciones anteriores, no contuvo novedades políticas de calado: sólo hubo dos propuestas específicas de acuerdo referidas al Pacto Local y al Programa de Desarrollo Regional para establecer "una posición común" ante la UE. En la primera parte del discurso Chaves repasó y valoró lo hecho; en la segunda se explayó en el papel de Andalucía en España y la UE. "Hemos hecho razonablemente bien los deberes", dijo nada más subirse a la tribuna. Chaves aseguró que "Andalucía crece más que la media nacional" frase que sustentó en datos sobre PIB (se ha incrementado en 1,8 billones respecto a 1995), IPC (tres décimas menos que la media del país) y empleo (la tasa de parados bajó en casi siete puntos desde 1994), si bien reconoció que el porcentaje de desempleados "sigue siendo alto en comparación con otras regiones". Las cifras le sirvieron de percha para afirmar que el tópico del asistencialismo de los andaluces está en otras fronteras: "La línea de la España subsidiada no pasa ya por el Sur". Chaves aseguró que el porcentaje de andaluces que perciben algún tipo de ayuda está dos décimas por debajo de la media del Estado y es inferior al de ocho autonomías. La palabra que más empleó el jefe del Gobierno andaluz fue la de "pionero". La usó para recordar la propia celebración del debate o la firma de los acuerdos de concertación y, sobre todo, para descatar las medidas más llamativas puestas en marcha por la Junta en el ultimo año: la jornada laboral de 35 horas, los complementos a las pensiones no contributivas y el abono de medicamentos excluidos de la financiación pública. "Andalucía es referencia de progreso, punto de mira de desarrollo compartido y avanzada de solidaridad en España", dijo. Al contrario que en el último debate de la comunidad, Chaves destacó los "esfuerzos" para controlar el vertido de Aznalcóllar y restituir la zona, operación de la que subrayó "la coordinación" con la Administración central. El presidente no quiso ayer abrir más grietas con el Ejecutivo central y evitó cualquier tono que sonara agresivo al plantear de nuevo las demandas pendientes: censo, financiación, deuda histórica y transferencias. "Es posible llegar a acuerdos como lo hemos alcanzado en otras cuestiones que parecían difíciles" como el de la cooperación en el Campo de Gibraltar, comentó. Chaves afirmó que "hay que contar con Andalucía" a la hora de hablar de política autonómica y la organización del Estado, aspectos que, a su juicio, atraviesan "por una situación delicada y preocupante". Explicó el por qué de su inquietud: la tregua del País Vasco "está derivando hacia un proceso de autodeterminación que atenta a los principios constitucionales"; determinadas exigencias de los socios nacionalistas "se sitúan al borde o sobrepasan con frecuenca" esos límites; y el modelo de Estado autonómico "está perdiendo instrumentos de cohesión". Ante este panorama, Chaves abogó por recuperar el diálogo que presidió la etapa constituyente, reconociendo los hechos diferenciales sin que éstos se conviertan en ""cheques en blanco", y propuso un "consenso sobre la paz" en el Parlamento y alcanzar un pacto de Estado sobre la culminación del proceso autonómico, con un nuevo sistema de financiación.