Grupos de mujeres piden al Senado que endurezca la sanción por maltrato

La reforma penal para la protección de las víctimas de malos tratos domésticos, aprobada en el Congreso de los Diputados y que mañana se debate en el Senado, preocupa a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y a la Asociación de Mujeres Juristas Themis, tras el fracaso de algunas enmiendas para endurecer los preceptos. Piden que también se penalice la amenaza armada a los familiares y temen que la nueva medida de alejamiento del agresor no sea aplicada en la práctica.

Tal como ha sido aprobada en el Congreso, la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la protección a las víctimas de malos tratos domésticos es reconocido como un avance, pero no satisface a algunas organizaciones de mujeres, que consideran inconveniente el pacto político realizado para no presentar enmiendas con el objetivo de que los cambios entren en vigor lo antes posible.La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis creen necesario penalizar las amenazas armadas de los familiares o ex familiares. Proponen que se añada un párrafo al Código Penal mediante el cual se castigue con prisión de entre seis meses y dos años a quienes amenacen con armas u otros instrumentos peligrosos, cuando la amenazada o el amenazado sea cónyuge o ex cónyuge, conviva o haya convivido con el amenazado, sea su hijo, pupilo o ascendiente.

Igualmente estiman preciso suprimir uno de los párrafos del nuevo precepto incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se establece que, mientras los jueces investigan agresiones sexuales y otros delitos contra la vida y la libertad, "el juez o tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de la protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar", así como de "acudir" al mismo, de "aproximarse o comunicarse" con determinadas personas.

Salud y economía

La reforma aprobada en el Congreso añade: "Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de estas últimas, tanto durante la vigencia de las medidas como tras su finalización".

Este último párrafo es el que las dos asociaciones de mujeres proponen suprimir, ya que supondrá "la inaplicación práctica de las medidas de alejamiento", según manifestaron las presidentas de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, y de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Durán Febrer.

Ambas estiman que, "si lo que se persigue con el alejamiento es la protección de la vida o integridad de la víctima frente a posibles nuevas agresiones por parte del inculpado, es de sentido común que deberían prevalecer los derechos a la vida e integridad sobre cualquier otro derecho".