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Zedillo va a seguir controlando de cerca las reformas en el seno del PRI

Juan Jesús Aznárez

El gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) acomete una controlada y sofisticada democratización interna cuyo objetivo es nombrar a su candidato a la presidencia de México en las elecciones del 2000, mediante el voto secreto de la militancia y simpatizantes, pero en un proceso hábilmente inducido desde la presidencia de la República y el núcleo del partido que la sustenta. Pasa a mejor vida el dedazo, la antidemocrática práctica ejercida desde hace siete decenios por los presidentes salientes, que imponían a su sucesor directamente y sin mayores contemplaciones, y el PRI se adentra en la democracia interna sin soltar del todo las amarras, sin que el presidente, Ernesto Zedillo, y la dirección del partido hayan renunciado a moverse en favor del candidato de su preferencia.El ministro del Interior, Francisco Labastida, que ha dimitido para disputar la candidatura, comparece claramente como el político más cercano al programa del jefe de Gobierno entre el grupo de contendientes, y, por tanto, como el favorito a ganar la votación del 7 de noviembre. Labastida ha sido relevado por Diodoro Carrasco, hasta ahora viceministro de Gobernación.

La estructura corporativa del partido nacido en 1929, que fue régimen durante casi siete decenios, la influencia de gobernadores, gremios y sindicatos, y la disciplina de una militancia acostumbrada a secundar las instrucciones del mando constituido avalarían los pronósticos de quienes ya le conceden la victoria.

"Hay serios indicios", agrega el analista Rubén Aguilar, "de que todos los aspirantes declinarán a favor de Labastida, aunque venderán cara su derrota, evitarán la disputa interna que confunda a las bases, y el PRI recuperará su prestigio y saldrá unificado para vencer a la oposición sin bajas internas".

Aunque las elecciones del PRI están abiertas a toda la población, es probable que participen más activamente los cuadros y militantes vinculados a la estructura y a las organizaciones sociales adscritas, y se imponga por tanto el voto del compromiso.

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