Las comunidades autónomas, a la caza de impuestos

La pelea por el dinero de las autonomías ha dejado de ser un asunto exclusivo de catalanes o vascos. La petición formulada a finales del pasado abril por el presidente valenciano, Eduardo Zaplana, del PP, proponiendo la gestión de parte del IRPF, del IVA sobre algunos productos y de los Impuestos Especiales es una buena prueba de este cambio de escenario.Al final el tan denostado modelo de "café para todos" se ha ido encajando y "normalizando" poco a poco, y en el debate de las finanzas autonómicas cada vez son más frecuentes y decisivas las intervenciones de nuevos protagonistas como las de Zaplana o el presidente de Andalucía, el socialista Manuel Chaves. Cada vez que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, levanta el listón de sus reclamaciones salta como un resorte su homólogo madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP con un "pues yo lo mismo".

La razón fundamental de esta tendencia es que las autonomías se reparten cada vez una mayor porción del pastel del gasto público. Este año, por ejemplo, los Gobiernos autónomos administrarán más de 11 billones de pesetas. En tan sólo un par de décadas España se ha convertido en uno de los países más federales del mundo y la discusión por los criterios de reparto de la financiación es una moneda cada vez más corriente.

Según la profesora Nuria Bosch de la Universidad de Barcelona, las comunidades autónomas gestionan ya el 24% del gasto público, algo más que Alemania (21%), pero todavía bastante menos que Canadá (41%). Si no se tienen en cuenta las pensiones, en España el Gobierno Central ya sólo administra el 53% del gasto público. Las autonomías ya gestionan el 31% y los gobiernos locales el 16% restante.

La vieja utopía

La conocida fórmula de reparto del gasto público 50-25-25 (50% de gasto del Estado y 25% para autonomías y ayuntamientos) ha dejado de ser ya una vieja utopía. Sólo los municipios siguen descolocados. Según Nuria Bosch, la cesión de determinadas competencias de las autonomías a los ayuntamientos (enseñanza infantil, vivienda y políticas de empleo) permitiría una estructura más equilibrada (48%, Estado; 29%, autonomías, y 23%, ayuntamientos).

Pero este proceso de descentralización del gasto público no ha tenido un proceso paralelo en la asignación de ingresos. Con el aumento del poder político los gobiernos autónomos han planteado de forma creciente la necesidad de participar más activamente en la gestión de los grandes tributos. Las ideas del catedrático Antoni Castells de principios de los años ochenta de desarrollar un modelo basado en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía, la suficiencia financiera y la solidaridad, han ido calando lentamente en toda España.

Castells considera que ahora el debate está planteado sobre tres ejes. "Qué impuestos deben gestionar las autonomías, qué mecanismos de nivelación se establecen para igualar los recursos por habitante entre las distintas autonomías y cómo evitar que las diferencias del sistema foral no comporten privilegios ni agravios para el resto de las comunidades".

La última fase de este viejo debate la inauguró Pujol el pasado noviembre al exigir un nuevo pacto fiscal de Cataluña con el Estado. En esencia, la nueva propuesta suponía la cesión a la Generalitat del 60% del IRPF, el 50% del Impuesto de Sociedades y del IVA, y el 100% de los Impuestos Especiales. El resultado sería un aumento de los ingresos de la Generalitat en 478.909 millones de pesetas. Un modelo claramente inaplicable a todas las comunidades. "Los números no salen", reconoce un alto responsable de la Generalitat.

La propuesta de Pujol supone un implícito reconocimiento del fracaso del acuerdo PP-CiU de 1996 basado en la cesión del 30% del IRPF y, sobre todo, en la revisión del coste de algunos servicios transferidos como policía, prisiones y sanidad. En aquel momento Pujol no dejó de vanagloriarse -y, de paso, emponzoñar sus relaciones con el resto de comunidades- sobre las ventajas de su acuerdo que en su opinión iba a proporcionarle más de 400.000 millones adicionales. La realidad fue muy inferior a los 100.000 millones debido a la pérdida de la capacidad de recaudación del IRPF.

La inclusión de los Impuestos Especiales, hasta hace poco "absolutamente innegociable" por parte del Gobierno Central, ha sorprendido a todo el mundo, y especialmente a Andalucía, que lo había planteado formalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1996.

Magdalena Álvarez, consejera de Economía de la Junta de Andalucía, considera fundamental vincular los recursos a la población. Por ello defiende ligar los ingresos a impuestos ligados al consumo como son los que gravan el transporte y el tabaco. En el caso de Andalucía el interés por revisar el sistema deriva también del uso de un censo anticuado que contabiliza 460.000 personas menos de las existentes realmente, lo que significó unos ingresos inferiores a 51.000 millones de pesetas el último año. La consejera considera "una falta de respeto que Pujol y Zaplana hagan sus propuestas al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Cataluña pide más

Para el consejero de Economía de Cataluña, Artur Mas, "la propuesta de Zaplana se queda a medio camino, pero va en la buena dirección".

Hasta ahora, la Generalitat de Cataluña planteaba como un objetivo fundamental conseguir los mismos recursos por habitante que las comunidades que tuvieran las mismas competencias. Pero Cataluña ha elevado su propuesta porque ya ha conseguido prácticamente este objetivo. Sus ingresos por habitante ya están en torno al 98%.

Un portavoz oficial de Economía de la Generalitat considera que "Cataluña debe aportar más de lo que recibe por tener un mayor nivel de renta, es decir, aceptamos que exista un déficit fiscal a favor del Estado". "Pero", añade, "también consideramos necesario recibir más recursos que la media de las comunidades". Economía argumenta que "Cataluña tiene un mayor nivel de renta y, por tanto, registra un mayor coste de vida, realiza un mayor esfuerzo fiscal, cuenta con una población más desarrollada que realiza una presión con mayor demanda de ciertos servicios y también cuenta con una población más envejecida, lo que también supone un coste adicional, especialmente en el gasto sanitario."

El debate está servido. En esta ocasión la novedad es que será difícil repetir el viejo esquema de pactos bilaterales entre los Gobiernos catalán y central que después son más o menos aceptados por el resto de comunidades. En esta ocasión son demasiadas las voces que cada vez con más fuerza exigen participar plenamente en el debate desde el principio.