Los municipios turísticos esperan con ansia ayudas a partir del 2000

La Ley de Turismo, aprobada en mayo del año pasado en las Cortes Valencianas, cubre una reivindicación largamente planteada por los municipios que basan su economía en esta actividad, que se confiesan incapaces de sostener a nivel óptimo los servicios que reclama una población real muy superior a la de derecho. Las bondades o maldades de la normativa, sin embargo, no se descubrirán hasta el ejercicio económico del año 2000, cuando la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana recogerá una partida específica destinada a colaborar en el sostenimiento de algunos de esos servicios públicos que los ayuntamientos no puedan cubrir por la vía tributaria. El Consell distribuirá de forma discrecional las subvenciones entre los municipios que, con carácter previo, hayan tramitado su calificación especial de acuerdo a los tres epígrafes que recoge la ley: atracción turística, vacacional y destino turístico. Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, 63 localidades (24 de Castellón, 23 de Alicante y 16 de Valencia) han tramitado la documentación para alcanzar ese estatus, convencidas de que las aportaciones de las arcas autonómicas supondrán un balón de oxígeno para sus maltrechas arcas y un revulsivo para ampliar servicios. Sin embargo, que el maná caiga del cielo está por ver. Por activa y por pasiva, la Agència Valenciana de Turisme ha repetido hasta la saciedad que se trata de una cofinanciación de servicios muy específicos, y que las aportaciones dependerán "siempre" de lo que el Ayuntamiento de turno invierta. Sólo si existe agravio comparativo con otras localidades no turísticas en el montante de un servicio, el Consell concederá ayudas, que variarán dependiendo de la disponibilidad presupuestaria anual. Cada año se formalizarán convenios con cuantas localidades lo soliciten y se ajusten a alguna de las modalidades de municipio turístico establecidas. No bastará pues con obtener la calificación de municipio turístico. Habrá que demostrarlo. En el diferencial estará la clave. Se trata de una simple operación matemática que permitirá a los alcaldes conocer, a la firma del convenio, la cantidad que recibirá para superar el agravio, previa justificación de liquidación presupuestaria. Para comprender la filosofía de la ley, nada mejor que un ejemplo: si Benidorm precisó en 1999 el doble de policías locales que Elda, localidad con un censo similar, las ayudas que el Consell concederá en el 2000 cubrirán parte del diferencial que se ve obligada a asumir la ciudad turística para garantizar la seguridad de cientos de miles de residentes no empadronados y turistas ocasionales. Los apartados susceptibles de ser cofinanciados son limitados: aquellos por los que los entes locales no pueden cobrar impuestos o tasas. Seguridad ciudadana, limpieza y dotación de zonas de baño, mantenimiento de áreas de uso común entre los visitantes, vigilancia de museos y salas de arte, limpieza de monumentos, mantenimiento de recursos turísticos en general (como montes o parques), mejora de viales de tránsito turístico y adecuación de espacios urbanos pintorescos integran el listado. Con carácter excepcional, el reglamento de la Ley de Turismo prevé que el Consell pueda habilitar partidas presupuestarias específicas para colaborar en la ejecución de proyectos emblemáticos cuyo objetivo sea mejorar la oferta turística de la localidad para consolidarse en el mercado. Se ha incluido una tercera vía de financiación para cooperar en campañas de promoción individualizada. La Ley ha sido bien recibida en las localidades afectadas, aunque no son pocas las que la consideran insuficiente y reclaman instrumentos legales que le permitan recaudar más y no depender de las subvenciones externas establecidas por el Gobierno de turno para superar carencias y acometer proyectos de envergadura. Se trata de un viejo debate que los partidos eluden: el establecimiento de una tasa turística que repercuta en todos los gastos que realicen los visitantes, un impuesto que ya funciona con éxito en Francia y Estados Unidos y que podría erigirse en la principal fuente de financiación de estos municipios, sin que la economía de los turistas se resienta especialmente. Cada cuatro años alguien lanza el guante, pero nadie lo recoge por lo dificultoso e impopular que resulta toda modificación del sistema tributario.